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Mientras escribía esta columna a última hora, se produjo un hecho inédito en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: un empate que resultará en la repetición de la elección, debido a que se registraron más votos que senadores presentes en la plenaria.
Quizás este hecho puede encender alarmas y llamar la atención sobre la seriedad y trascendencia de esta elección. Esta votación no solo implica elegir a un magistrado, sino definir hasta qué punto el gobierno nacional podrá influir en una de las instituciones más respetadas del país.
La independencia y el control que ha ejercido la Corte Constitucional han sido esenciales para frenar iniciativas populistas promovidas por el actual gobierno. Entre algunas de las más destacadas se encuentran: la anulación del impuesto al carbón incluido en la reforma tributaria, la limitación de las facultades del presidente en el proceso de Paz Total —restringiendo su discrecionalidad en la suspensión de órdenes de captura y excarcelación—, y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que creaba el Ministerio de la Igualdad, que estaría bajo la dirección de la vicepresidenta. Este ejercicio de control ha generado tranquilidad y enfatizado la fortaleza institucional del país en medio del apetito reformista del “gobierno del cambio”.
Si bien es usual que la bancada del gobierno de turno tenga afinidades filosóficas que orienten su voto en elecciones de magistrados, en este caso, la diferencia es significativa, ya que el presidente ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de promover cambios constitucionales, ya sea mediante una improbable Asamblea Nacional Constituyente u otros mecanismos.
A lo anterior se suma la existencia de un proyecto de acto legislativo, impulsado por una senadora del Pacto Histórico, que busca permitir la reelección presidencial. Proyecto que el gobierno no ha desautorizado y que, aunque tiene un largo camino por recorrer, con un legislativo tan impredecible, su resultado es igualmente incierto. De llegar a materializarse, el control constitucional de la Corte sería decisivo. Estas situaciones claman por una Corte decidida y alejada en su máxima expresión de los proyectos e intenciones del gobierno.
No es exagerado afirmar que el Senado tiene en sus manos la responsabilidad de preservar la estabilidad democrática. Ha sido el propio presidente, junto con varios congresistas de su partido, quienes han hablado abiertamente de modificar la Constitución, con resultados imprevisibles. Por ello, en aras de la conservación institucional y frente al apetito de poder de este gobierno, es fundamental que los senadores opten por la independencia y rechacen al candidato promovido por el Ejecutivo.
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