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La denuncia del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, respecto a favores y puestos solicitados por congresistas de diversos partidos políticos, expone una de las peores enfermedades del sistema político colombiano: el clientelismo.
Este mal, entendido como el intercambio de favores entre funcionarios públicos, tiene al menos tres efectos inmediatos: rompe el sistema de pesos y contrapesos, debilita la confianza en la democracia y afecta la credibilidad de los partidos políticos. Analicemos cada uno de ellos.
En primer lugar, se debilita el sistema de pesos y contrapesos:
Cuando un legislador recibe favores burocráticos de un funcionario del gobierno, renuncia a su independencia; sus votos quedan condicionados y se pierde la razón fundamental por la cual fue elegido.
En segundo lugar, se deteriora la confianza en la democracia:
En las últimas elecciones legislativas se registró una abstención superior al 51% y se obtuvo la mayor cantidad de votos en blanco en más de dos décadas, alcanzando un 6,4% del total. Si bien las causas de ambos indicadores son diversas, la primera se relaciona con el nivel de confianza en la democracia en Colombia, medido anualmente por el Latinobarómetro. En 2023, dicho estudio reveló que el 48% de la población manifestó desconfiar del sistema democrático. La ciudadanía no participa en un sistema en el que desconfía, y buena parte de esa desconfianza puede atribuirse a los políticos, quienes son los principales actores.
En tercer lugar, se afecta la confianza en los partidos políticos:
Según el politólogo norteamericano Robert Dahl, el objetivo de los partidos es agrupar los intereses de la ciudadanía en torno a un conjunto de ideas y mediar con el poder estatal. Si los partidos abandonan la defensa de ideas y principios para transformarse en estructuras sustentadas en favores clientelares (burocracia, contratos estatales, etc.), pierden su esencia y se convierten en simples entes que otorgan avales a quienes aspiren a un cargo público. Así, los ciudadanos dejan de creer en el partido y depositan su confianza en líderes fuertes —en ocasiones populistas—, cuyos proyectos resultan limitados y no perduran en el tiempo como debería ocurrir.
En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia se establece que el papel de los congresistas sea el de buscar puestos o contratos. Su función consiste en hacer o derogar leyes, ejercer control político y, en casos especiales, cumplir algunas funciones judiciales. El clientelismo afecta gravemente el funcionamiento de la democracia y debilita la confianza de la ciudadanía en ella. En esta época electoral que comienza, ojalá los buenos políticos y partidos tomen en serio este mensaje y, en lugar de limitarse a promesas en discursos, den ejemplo con su comportamiento y cumplan las funciones que establece la Constitución. Ni más, ni menos.
