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Columnistas | PUBLICADO EL 06 marzo 2015
ESCÁNDALO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
PorLUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.lfalvarezj@gmail.com
El escándalo surgido por la denuncia formulada por un magistrado de la Corte Constitucional contra otro de sus colegas, nuevamente abre el debate sobre el control judicial y disciplinario a los Altos Aforados y la eficacia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Dos temas conexos que afectan una vez más el buen nombre y la credibilidad de los colombianos en la función judicial y en la eficacia de los órganos encargados de su control, pero especialmente porque siembran un manto de duda sobre el Estado de Derecho, pues un Estado que sea incapaz de velar por la pulcritud de sus jueces y magistrados, se encuentra al borde de ser calificado como fallido.
El tema de la denuncia contra un alto magistrado no es nuevo. Yo fui acusado por el supuesto ilícito de abuso de autoridad, por un concepto que autorizaba al presidente Santos a cambiar la terna para fiscal, inicialmente elaborada por el expresidente Uribe. Una acusación tan absurda hubiese sido rechazada de manera inmediata por un órgano serio de investigación, en lugar de haber esperado más de cuatro años para ordenar el archivo del proceso.
Por ello no es extraña la creencia generalizada de que en el caso que ahora horroriza al país, finalmente nada pasará y las cosas seguirán tal cual, confirmando una vez más el aforismo que dice que en “Colombia todo es grave pero nada es importante”.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara reposan cientos y quizás miles de denuncias contra aforados; según informaciones obtenidas, solo en un 6 % de ellas se ha abierto investigación oficial, sin que de las demás se tenga información alguna, la mayor parte simplemente “duermen el sueño de los justos”.
Lo expuesto significa que por ausencia de personal especializado en temas de investigación y juzgamiento y por falta de medios idóneos, es casi imposible que una denuncia ante la Comisión de Acusaciones se adelante con prontitud y seriedad, no solo porque quienes la integran no tienen formación profesional en esos temas, sino por su composición política, por su temor institucional y por carecer de la logística necesaria para adelantar una adecuada instrucción con su correspondiente acusación.
El caso de la Corte Constitucional obliga a las siguientes reflexiones: 1. Es necesario que desde las facultades de Derecho se adelante una intensa cruzada por la defensa de los valores y el enaltecimiento de la honestidad y pulcritud que deben tener quienes laboran con la justicia, pues en una democracia no puede haber dudas sobre la forma de actuar de los magistrados de Altas Cortes. Si ello es así, ¿qué podrá pensarse de los jueces de menor jerarquía? 2. Definitivamente hay que crear un Alto Tribunal, independiente y autónomo, para juzgar los altos magistrados, sin sujeciones a favores burocráticos, a compromisos políticos, ni sentimientos de amistad. 3. Hay que regular el procedimiento de revisión de tutelas, para que haya claridad sobre los criterios para escoger unas cuantas entre miles.
