Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Conversando con un amigo a raíz de mi reciente columna “El Estado y sus pesos y contrapesos” decíamos que los controles son como las cerraduras de las casas que solo atajan a los decentes, pero no a los bandidos.
Tal metáfora, de contenido axiomático, carcome nuestra democracia. Petro y varios funcionarios suyos han sobrepasado en múltiples ocasiones límites constitucionales y legales. Por estos días, en el fragor de la campaña electoral, lo han hecho interviniendo descaradamente en favor de su candidato, llegando hasta declarar que desconocen los resultados de las recientes elecciones, demostrando desprecio por los controles que regulan el ejercicio del poder. Y no es que los controles sean malos o insuficientes; la dura verdad es que ellos siempre se quedarán cortos frente a quienes no los reconozcan como frontera moral que debe ser respetada.
Las democracias no se sostienen únicamente con separación de poderes, organismos de control, leyes o procesos electorales; todo ello es indispensable, pero no suficiente. Una sociedad, para fundarse y perpetuarse, requiere un conjunto mínimo de creencias, valores y principios compartidos y respetados por todos, como expresión inequívoca de su moral. En otros términos, es el compromiso compartido por todos los ciudadanos de actuar en pro del bien común, renunciando a lo ilegítimo, aunque la sanción parezca improbable o lejana.
Al traspasar los límites de lo permitido, y con superior gravedad si quienes lo hacen son el presidente y sus colaboradores, el daño deja de ser un caso jurídico o procedimental que los implique a ellos; el daño recae sobre toda la sociedad y se amplifica en cascada hacia abajo. El primer damnificado es el Contrato Social, acuerdo implícito con el cual los ciudadanos otorgamos poder al Presidente, cediendo parte de nuestras libertades individuales, a cambio de la garantía de imparcialidad que legitime el sistema democrático. Al romper su neutralidad arbitral, pone en suspenso la importancia de la moral social, con el perverso mensaje de que el cumplimiento de las leyes queda a discreción, según los intereses individuales. Este comportamiento desafía la ética individual como principio fundamental de comportamiento para la sostenibilidad de la vida armónica en sociedad, indicando que las leyes y normas se pueden violar a discreción en procura de alcanzar intereses individuales, versión petrista de la frase de que los vivos viven de los bobos.
Colombia no puede resignarse a que sus controles sean cerraduras decorativas de la puerta de la democracia. Debemos exigir que funcionen y con ello recuperar algo tan profundo y valioso como la sanción y vergüenza por el abuso del poder, el respeto por las leyes y la decencia en el ejercicio del poder. El gobernante que viola los límites que debería custodiar, no solo es indigno del cargo sino que envía perversos mensajes a sus conciudadanos. Una comunidad no puede normalizar comportamientos de este tipo, porque degrada su Contrato Social, la moral común y la ética individual que la hacen Sociedad. Es momento de rescatar la dignidad del cargo.
