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El extraño título se debe a una excelente construcción del derecho público, que se conoce con el nombre de “teoría del órgano”. Mediante la comparación entre el comportamiento de cualquier ser vivo y el del ser humano, el derecho público elaboró una doctrina para explicar las razones por las cuales las acciones u omisiones de determinados servidores públicos, comprometen, no sólo la responsabilidad personal de quien actúa, sino, de manera principal, la voluntad de la institución a la que pertenece.
Según esta concepción teórica, el órgano público es un conjunto, es un todo integral, conformado por una serie de competencias, unos bienes que sirven de soporte, unos recursos fiscales, unas voluntades que actúan y especialmente un titular que, según la Constitución y la ley, tiene la capacidad de comprometer con sus decisiones, la voluntad integra de la institución de la cual hace parte el órgano.
La teoría del órgano, así presentada de la manera más sencilla posible, permite explicar por qué cuando actúa el presidente de la República en ejercicio de sus funciones, lo hace como cabeza del órgano, es decir, es el órgano el que se mueve. De igual forma se aplica la mencionada doctrina para explicar por qué lo que hace o no hace un gobernador o un alcalde, siempre y cuando conlleve la voluntad de ejercer sus competencias, implica que es el órgano el que se pone en movimiento y actúa.
Lo mismo sucede cuando una persona actúa a través de su mano. En realidad, la mano es parte de un todo superior que es el cuerpo humano, de manera que lo que hace o no hace la mano, no se puede asignar en términos jurídicos y morales a la mano, sino al ser humano en su integridad. No es la mano la que adelanta una caridad, no es el brazo el que comete un ilícito. Es el ser humano como órgano total.
Lo mismo ocurre cuando un alto servidor público desarrolla una acción u omisión. Desde el punto de vista institucional, no se trata de evaluar la conducta de Gustavo, o de Aníbal, o de Daniel, como dinámica personal. Es el órgano presidencia de la República que hace parte de un todo que es la Nación, o es el órgano gobernación que hace parte de un todo que es el departamento, o es el órgano alcaldía que hace parte de un todo que es el municipio.
Bajo este esquema es que debe analizarse el hacer de los altos servidores públicos. Por ello, si el presidente incumple sus compromisos institucionales, el problema no es Gustavo, es un problema de la presidencia, órgano que representa la Nación, que finalmente somos todos nosotros. De ahí que sea jurídica y moralmente útil, justo y necesario, que la Nación se entere sobre su verdadero estado de salud. Puede que a muchos ni les interese la salud del señor Gustavo, pero todos tenemos derecho a conocer su situación como cabeza de órgano.
