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Columnistas | PUBLICADO EL 11 agosto 2020
El Estado de derecho y la constituyente
Por Francisco Cortés Rodasfranciscocortes2007@gmail.com
La democracia es una forma de gobierno. El gobierno implica coerción: los gobernantes y jueces pueden confiscar el dinero de unos y dárselo a otros, mandar personas a la cárcel y a veces incluso imponer como castigo la pena de muerte. Locke afirmó que el gobierno no es más que un “magistrado, que por ser tal, tiene el derecho común de castigar puesto en sus manos” (Segundo Tratado, 11). En la creación de las primeras formas de gobierno democrático se pensó en cómo prevenir los abusos de poder. Montesquieu creó para tal efecto la teoría que establece la separación de los poderes. Esta es necesaria para equilibrar los mismos, pues lleva a la moderación, y los gobiernos moderados protegen la libertad.
Según Montesquieu, el equilibrio de los poderes, propio de la democracia, se rompe cuando el poder Ejecutivo pretende asumir las funciones del Legislativo o del Judicial, buscando ser el único poder que hace política. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes” (Montesquieu-1972-152).
Para Montesquieu, no hay libertad política si el poder Legislativo está subordinado al poder Ejecutivo como cuando el primero impone su voluntad al segundo a través del control del trámite legislativo por las mayorías afectas al gobernante, como se hizo para conseguir la reelección de Uribe o como lo hace Maduro. La libertad es suprimida también cuando el Ejecutivo busca cuestionar o alentar el incumplimiento de las decisiones judiciales, como sucedió en estos días con los pronunciamientos del presidente Duque y otros altos funcionarios en relación con la decisión de la Corte Suprema de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Uribe. En el Estado de derecho, los ciudadanos por más virtuosos que sean, o aunque hayan prestado los más altos servicios a la patria, no tienen el derecho de ganar sus demandas basados en su poder o gloria. Nadie está por encima de la ley.
La democracia es un sistema para regular los conflictos entre personas y grupos con ambiciones e intereses competitivos, pero ella puede sobrevivir solamente si resuelve esos conflictos de manera pacífica y legítima. No es así como lo quieren algunos senadores del Centro Democrático al convocar una Constituyente para unificar los altos tribunales actuales y eliminar la JEP. Un resultado particular los lleva a plantear una ruptura de la totalidad que es el Estado de derecho.
En el constitucionalismo democrático una constitución es el final de un proceso histórico y revolucionario en el que se acabó un orden político y comenzó otro. El orden que comenzó a partir de la Constitución de 1991 fue construido por el pueblo, que escribió una nueva Constitución, expresando así su soberanía. Esta no puede ser derogada de un plumazo por un partido que interfiere en el Estado de derecho a partir de un caso particular, el cual valoran subjetivamente como extremamente injusto. Dentro del Estado de derecho no hay hoy, por las razones presentadas, un lugar político para convocar una Constituyente.
