Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Como era de esperarse, el 2025 pinta como un año muy riesgoso para los colombianos en materia económica. A pesar de que este gobierno insiste, más de dos años y medio después, en culpar a todos menos a su gestión, las decisiones que se han tomado desde el 7 de agosto de 2022 podrían pasar una factura gigantesca a la sociedad.
La combinación de una situación fiscal absolutamente caótica y frágil, sumado a la ideología, ha llevado a varios sectores críticos de la economía, y altamente dependientes del presupuesto nacional, al borde del abismo.
La crisis fiscal que ya está a punto de terminarse de cocinar en el país es bien sabida. La situación de caja del gobierno nacional es la peor en décadas, y el saldo con el que cuenta la tesorería es menos de $3 billones, que alcanza para cubrir apenas las obligaciones de más de un par de semanas que tiene la Nación. Además de esto, el gasto de funcionamiento está desbordado, además de un creciente servicio de la deuda pública de la Nación.
Esto ha llevado a situaciones sectoriales particularmente apremiantes. El año comenzó con un apagón en Puerto Carreño causado porque no se le habían girado a los comercializadores los subsidios desde octubre, generando una incapacidad de pago de combustible que llevó a los generadores a suspender su actividad. Pero esta situación está lejos de ser exclusiva de Puerto Carreño, y la deuda del presupuesto nacional con el resto del sector –entre subsidios y opción tarifaria– ya supera los $6 billones. Si estos recursos no entran al sistema, no habrá como pagar la energía. A esto hay que sumar el testarudo embeleco de la transición energética, que ha impedido la entrada nueva energía en firme a la matriz de generación, llevando al país al borde de un racionamiento generalizado.
Luego sigue la salud. El estado actual del sector es lamentable, y la obstinencia del gobierno en estatizar todo solo ha servido para que los colombianos vean como se ha deteriorado de manera acelerada este servicio en el país. Escasean medicamentos, las EPS se demoran ya semanas en atender pacientes, y la terquedad del gobierno en no reconocer el problema financiero gigantesco que ha creado solo hace que el panorama sea cada vez más oscuro. Finalmente, está la infraestructura. Otro embeleco de este gobierno, que cree que pagar peajes y vigencias futuras, es enriquecer a los propietarios de las vías concesionadas. Y como creen que son capaces de hacer todo con el presupuesto nacional, han postrado al sector a atrasos en los aumentos de peajes requeridos, además de demorar el giro de vigencias futuras que son críticas para seguir expandiendo y manteniendo la todavía precaria malla vial que existe a nivel nacional.
Todo lo anterior, arropado en un ambiente de cada vez más inseguridad. La realidad es evidente, y no se ve ninguna voluntad de este gobierno en corregir el rumbo. Si no lo hace, la tormenta perfecta de la situación fiscal y el deterioro de los sectores energético, de salud y de infraestructura, le va a pasar una factura muy costosa al país.
