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La dictadura nicaragüense de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, juramentaron hace unas semanas a un grupo paramilitar de represión, de más de 76 mil hombres y mujeres que, encapuchados, conforman un ejército alterno al oficial y tienen como misión defender a la cúpula corrupta en el poder. La imagen da pánico. Filas y filas de hombres y mujeres con camisetas blancas que tienen su rostro tapado como garantía de la impunidad en su actuar de terror. Están autorizados a perseguir, amedrentar, reprimir y -dado el caso- lesionar o matar a aquellos que consideren una amenaza contra el régimen. Estos mismos escuadrones de choque se ven en el país centroamericano desde hace al menos una década y se pasean impunemente por las calles. En el 2018, durante las fuertes protestas contra el gobierno, fueron acusados de la muerte de al menos 350 manifestantes y ahora cuentan con protección legal. Su accionar no tendrá límites.
Con la promulgación de una reforma constitucional que a principios de este año (y gracias a la colaboración de un legislativo oficialista) unificó toda la autoridad en la pareja presidencial, la dictadura eliminó la separación de poderes, consolidó las ramas en el Ejecutivo y dio el liderazgo absoluto del Ejército a Rosario Murillo. La construcción de una dictadura monárquica que, a la muerte del padre y la madre, recaiga en su hijo Laureano, dio ahora los pasos definitivos con escuadrones leales que están dispuestos a derramar toda la sangre que sea necesaria para protegerlos.
Nicaragua es hoy un país sumido en el espanto. Según el más reciente reporte del Grupo de Expertos de la ONU que hace seguimiento a los crímenes de lesa humanidad cometidos a diario en ese país, la construcción de la podrida pirámide orteguista alcanza cotas inimaginables que involucra a más de medio centenar de los más altos funcionarios distribuidos en cada una de las grandes entidades del Estado y configura un enroque dictatorial imposible de romper. La ramificación del poder corrupto alcanza a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados, alcaldes a lo largo y ancho del país, directores de la Policía y el Ejército, fiscales, directores de las principales cárceles, ministerios y oficinas de servicios públicos. Cada entidad tiene un gusano que agujerea la manzana estatal a favor de los dictadores.
Esa lealtad a la pareja Ortega – Murillo, de la que tanto se ufanan en sus discursos y en los coloridos desfiles, está sustentada en la compra de consciencias con el dinero robado al Estado, pero también en el terror. En el pánico de los ciudadanos a ser acusados como traidores a la causa y así terminar en una cárcel del régimen o muertos. Pero el apoyo comprado es también el más frágil. Llegarán otros que ofrezcan más por cambiarse de bando. Esta historia se ha contado decenas de veces en la época moderna. El miedo no dura para siempre.
