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En Colombia el término Reforma Tributaria, se ha convertido en sinónimo de lo mismo: proyectos ambiciosos, discursos grandilocuentes y, al final, más burocracia, más gasto y menos inversión. La nueva propuesta tributaria no es la excepción, bajo una justificación vacía de responsabilidad fiscal, se esconde un gobierno derrochador que continúa asfixiando la autonomía fiscal en las regiones para sostener un aparato estatal cada vez más inflado.
Los datos demuestran que entre 2018 y 2024, el gasto público saltó de 18.7% a 23.3% del PIB, mientras que los ingresos apenas crecieron un 0,3%. Adicionalmente, el presupuesto que ya se proyecta para 2026 es la prueba de que el despilfarro continúa, pues el 65,7% del mismo, va dirigido a funcionamiento entre ellos los subsidios, solo el año 2024 marcó un fuerte incremento del 28% del gasto de funcionamiento frente al año 2023, evidenciando que la mayor parte del esfuerzo fiscal que hacemos todos los ciudadanos se orienta a financiar más burocracia y asistencialismo, en lugar de la innovación, infraestructura y el desarrollo regional. Así, la inversión pública, la encargada de generar productividad y empleo, sigue siendo la hermana pobre del presupuesto nacional.
Sumado a lo anterior, entre 2018 y 2024 los subsidios han crecido un 40%, lo cual equivale a $87.5 billones, representando un 5,5% del PIB. Estos, teóricamente se deben constituir como herramientas para disminuir las brechas de desigualdad, sin embargo, en la práctica, se han convertido en un gasto ineficiente y mal focalizado. Aún más preocupante, más del 80% del aumento en el gasto de funcionamiento del Estado se explica precisamente por el crecimiento de estos subsidios, lo que demuestra su expansión sin control, y, con esta nueva reforma el gobierno pretende seguir financiándolos desordenadamente con nuevos impuestos que recaen sobre la misma base gravable, el estrato medio y la clase trabajadora.
De este modo, el país se encuentra frente a una paradoja insultante, ya que se les piden más sacrificios a los contribuyentes, pero no se toca la grasa del gasto estatal. Mientras tanto, las regiones dependen de un Sistema General de Participaciones, que, desde la entrada en vigencia de su última modificación constitucional, el acto legislativo 04 de 2007, las entidades territoriales han perdido más de $354 billones de pesos, esto a cierre del 2022, lo cual garantiza menos autonomía y capacidad de decisión desde las regiones, de modo que el centralismo fiscal asfixiante impide que los territorios planifiquen su desarrollo con libertad fiscal y recursos propios. Así, los ciudadanos en departamentos y municipios terminan pagando impuestos para sostener a un Estado obeso.
Ante este panorama gris para las regiones, máxime después del polémico hundimiento del referendo para la autonomía fiscal en el Senado de la República, y en el marco del debate de la tributaria, lo que se exige es una verdadera reforma que debería empezar por garantizar que el gasto en funcionamiento no se devore los recursos de inversión para las regiones del país, las cuales seguirán carentes de autonomía fiscal, al menos hasta la finalización del actual gobierno nacional, que enarboló en campaña política las banderas de la autonomía y la descentralización, y terminó siendo su principal enemigo.
