Pico y Placa Medellín
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Sobre la controversia por la intención de delimitar, en la revisión del POT de Medellín, las zonas donde puede haber viviendas turísticas (llamémoslas Airbnbs) y dónde no, mi posición es tibia. Respeto y comparto gran parte de los argumentos más liberales, libertarios, o como quieran llamarlos, según los cuales regular suele hacer más daño que bien, pero en lo que respecta a la planeación urbana soy un poco más soviético: me parece sensato, y además promuevo, que haya ordenamiento territorial (dos de las tres letras del POT) y que se les eviten externalidades innecesarias a las zonas residenciales, donde muchos Airbnbs se han salido de control. Y si hemos llegado al consenso de exigirle a la industria hotelera (y a la comercial y de entretenimiento) ciertos requisitos de uso del suelo y de convivencia con los vecinos, tiene todo el sentido que a las viviendas turísticas se les exija algo equivalente.
Qué tan grande y qué tan estricta debe ser esta limitación ya será labor del Concejo, y ahí nuevamente soy tibio: tan pequeña como sea posible, pero tan amplia como haga falta.
Ahí queda mi posición, inane, insuficiente para muchos, seguro. Pero eso no es, para mí, lo más importante que revela esta discusión. Porque, como he escrito varias veces en esta columna desde hace un par de años, sí que es evidente que hay un problema de vivienda y costo de vida en Medellín, pero el desgaste alrededor de este tema lo que demuestra es que estamos buscando al villano equivocado: el turista, o la gentrificación, término muy mal utilizado.
Porque Medellín no está “inundada” de turistas: al contrario, más allá del crecimiento vertiginoso desde la pandemia, tiene mucho margen para atraer más visitantes. Los 1,2 millones de extranjeros no residentes que, según la Alcaldía, recibió la ciudad en 2025 equivalen a unos 0,3 por habitante del área metropolitana: Cartagena recibe el triple, París siete veces más y Londres casi ocho en per cápita. Y en totales somos una fracción de destinos emergentes como Ciudad de México, Estambul o Bangkok. Todavía somos principiantes.
Y, sin embargo, la ciudad que dice apostarle al turismo ya respira en muchos sectores un ambiente antiturista antes de estar de verdad en el mapa. De hecho, este año la ocupación hotelera viene cayendo y lo que uno ve en hoteles y restaurantes es preocupación: que no nos vaya a pasar, antes de tiempo, la caída del turismo que vive Tulum.
Y, de fondo, surge una versión criolla del fenómeno NIMBY (not in my backyard), que en Nueva York, California, Madrid o Barcelona ha frenado la construcción, encarecido los arriendos y abierto un círculo vicioso de llamados a más controles que les da espacio a populistas como Mamdani.
Conviene recordar que las viviendas turísticas no llegan al 1% del parque habitacional y están concentradas en Laureles y El Poblado. En cambio lo que sí lleva una década estancado es la construcción de vivienda, como mostré hace un año con datos de Galería Inmobiliaria y Camacol: entre 2016 y 2022 Barranquilla y Cali duplicaron sus ventas de vivienda nueva, Bogotá creció 20% y Medellín se quedó igual, y en 2024 Antioquia tuvo menos lanzamientos per cápita que Atlántico, Valle, Santander, Bogotá y otros once departamentos. Basta pisar Barranquilla para ver constructoras por todos lados. En Medellín, con una geografía que ya lo hacía difícil, no hemos dejado que haya dónde construir.
La solución debería ser MedeYIMBY (yes in my backyard): quitar los obstáculos que nos impiden construir, construir y construir viviendas, hoteles, parques y cosas nuevas. Y, juzgando por resultados, el POT vigente es uno de esos escollos.
Medellín necesita más crecimiento, más viviendas y más turistas. La discusión sobre dónde puede haber Airbnbs nos desvía de las soluciones de fondo. Que el impulso NIMBY no nos condene a lo peor de los dos mundos: las externalidades y el aprovechamiento a medias de quienes nos quieran visitar.
