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Para la mayoría de los colombianos, la palabra “Reficar” es sinónimo de corrupción.
“El mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”, como lo ha descrito la Contraloría en repetidas y pomposas declaraciones durante la última década, refiriéndose a investigaciones que culminaron en un fallo de responsabilidad fiscal por COP 2,9 billones contra exdirectivos de Reficar y Ecopetrol.
Sin embargo, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló dicho fallo. Años después, con el buen nombre de decenas de personas ya destruido y la supuesta corrupción de Reficar arraigada en el imaginario de Colombia, el Tribunal concluyó que la Contraloría no pudo sustentar con pruebas sólidas las graves acusaciones que han ocupado los titulares de los periódicos.
Y este no es el único antecedente.
En 2023, Reficar ganó un pleito por más de USD 1.000 millones contra el consorcio CB&I, contratista responsable de los sobrecostos en la ampliación de la refinería, ratificando la decisión de los directivos que en su momento optaron por continuar el proyecto, el núcleo del cuestionamiento de la Contraloría.
Sin embargo, lo que queda en la memoria de los colombianos son los titulares incendiarios promovidos por la Contraloría.
Algo similar ocurre con Hidroituango, donde, a pesar de que las aseguradoras desembolsaron cientos de millones de dólares para cubrir los daños y que, esta semana, un tribunal de arbitraje determinó que el consorcio constructor no fue responsable del colapso de la galería auxiliar de desviación, en su momento la Contraloría vapuleó en plaza pública a políticos y funcionarios implicados en el proyecto: acusaciones emitidas con gran espectacularidad en medio de un año preelectoral, capitalizadas por ciertos sectores políticos, aunque el fallo de más de 2.000 páginas no presente pruebas contundentes de dolo ni sustente la existencia de un supuesto “robo”.
Las grandes obras de infraestructura son intrínsecamente complejas y expuestas a un alto grado de incertidumbre, por lo que suelen enfrentar sobrecostos y retrasos. Son situaciones comunes en proyectos de esta escala, que ocurren en todo el mundo, y que no implican necesariamente mala fe o desfalco al erario público. Sin embargo, dentro de la figura del “control fiscal”, donde la Controlaría cuenta con una enorme discrecionalidad, pareciera que lo sensato habría sido detener las obras ante los imprevistos, condenando con fallos de responsabilidad por detrimentos patrimoniales billonarios a justamente quienes, por fortuna, tomaron la decisión de que los proyectos siguieran adelante.
Hoy, Reficar no solo opera sin problemas, sino que además es la segunda empresa más grande del país por ingresos, refinando cientos de miles de barriles de petróleo diariamente. Por su parte, Hidroituango, operando al 50% de su capacidad, genera energía que fue clave para superar la coyuntura climática crítica vivida a principios de año por el fenómeno de El Niño.
No obstante, en la visión de la Contraloría, en su momento habría sido mejor que los proyectos no se realizaran, dejando a los responsables de impulsarlos marcados indeleblemente como corruptos.
Mientras los verdaderos truhanes especializados en desfalcar el erario continúan operando sin mayores restricciones, la Contraloría - con fallos que no demuestran robo ni desfalco de recursos públicos, pero concluyen la existencia de “detrimento patrimonial” bajo el argumento de que ciertos proyectos pudieron haberse ejecutado de mejor manera - está desincentivando la planeación de grandes obras y alejando a las personas más capacitadas de querer involucrarse en lo público.
En lugar de cumplir su propósito de garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del país, la Contraloría se ha convertido en un botín burocrático y un arma política al servicio de quienes facilitan la elección del contralor de turno.
