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La reciente elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional representa una oportunidad perdida para fortalecer la independencia, la equidad de género y la solidez académica de la máxima instancia encargada de proteger nuestra Constitución. Más que un avance, esta designación genera preocupación y cuestionamientos serios sobre la autonomía judicial y la legitimidad del tribunal.
Colombia venía avanzando hacia una Corte más equilibrada en términos de género. En los últimos años, la paridad fue una realidad palpable con cuatro mujeres entre nueve magistrados. Sin embargo, con la llegada de Carvajal, esta paridad se rompió, y la Corte pasó a tener seis hombres y solo tres mujeres. Esto no es un detalle menor, pues la presencia equitativa de mujeres no solo es cuestión de representación simbólica sino que garantiza pluralidad de miradas y una justicia más integral.
Pero el problema no termina en el retroceso de la paridad. Carvajal es un jurista especializado en derecho electoral y litigio político, sin una trayectoria destacada en derecho constitucional ni una sólida producción académica en la materia, algo fundamental para un magistrado encargado de interpretar la Constitución. Su cercanía con el presidente Petro, con quien mantiene comunicación diaria según sus declaraciones públicas, genera dudas legítimas sobre su independencia. Además, fue abogado también de los hijos del expresidente Álvaro Uribe y ha sido figura clave en las reuniones entre Petro y Uribe, lo que lo posiciona como un actor cercano a los centros de poder político más que como un juez imparcial.
Un dato adicional que despierta sospechas es su edad: tiene 66 años y la edad límite para ejercer cargos públicos es de 70. Sin embargo, la campaña de Carvajal presentó un documento sin firma para convencer al Senado de que esa norma no aplicaría para la Corte Constitucional, una tesis cuestionada incluso por destacados constitucionalistas como Rodrigo Uprimny. Esto evidencia que no solo se trata de un nombramiento politizado, sino también endeble.
Las consecuencias de esta elección son graves. Carvajal deberá votar próximamente en temas clave para el país, como la demanda contra la reforma pensional del gobierno, cuyo fallo tendrá un impacto directo en la vida de millones de colombianos. Además, estará presente en decisiones sobre los decretos de conmoción interior por la emergencia en el Catatumbo y otras controversias. Su cercanía con el Ejecutivo puede comprometer la objetividad de esas sentencias y debilitar la confianza ciudadana en la Corte.
Este patrón no es nuevo en la historia reciente del país. Tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro han utilizado la estrategia de elegir magistrados afines a sus intereses, en lugar de apostar por juristas independientes, probos y con credenciales constitucionales sólidas. Así, la Corte Constitucional se convierte en un espacio de disputa política, en vez de un árbitro imparcial que garantice la defensa de la Constitución.
En definitiva, la designación de Héctor Carvajal pone en riesgo la independencia judicial y la calidad del tribunal. Más que fortalecer la institucionalidad, esta elección abre la puerta a la politización y a la pérdida de confianza en un poder clave para la democracia colombiana.
