Pico y Placa Medellín
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Hace dos semanas, los barrios El Sinaí y Santa Cruz, ubicados en la zona Nororiental de Medellín, vivieron una nueva tragedia que pone en evidencia la profunda deuda histórica que la ciudad tiene con estos sectores. Una fuga en la red matriz del acueducto de EPM provocó una inundación devastadora que arrasó con las pertenencias de decenas de familias, dejándolas nuevamente en la incertidumbre.
Este desastre no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de adversidades que se repiten año tras año y que afectan a la población más vulnerable de Medellín. Estos barrios, ubicados en la zona con mayor pobreza multidimensional de la ciudad, han sido estigmatizados, ignorados y abandonados por las sucesivas administraciones.
Recordemos lo ocurrido durante la pandemia, cuando Daniel Quintero era alcalde. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, su administración decidió aislar a El Sinaí bajo el pretexto de que eran focos de contagio de COVID-19. Sin recursos adecuados, estas familias fueron obligadas a enfrentar no solo el virus, sino también la exclusión social.
Pero la pandemia fue apenas un capítulo en esta historia de desamparo. En 2021, 2022 y 2023, las crecientes del Río Medellín arrasaron varias viviendas y dejaron a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. En lugar de atender las causas estructurales de estos desastres, la respuesta ha sido reactiva y limitada, enfocada en ayudas inmediatas que no atacan el problema de fondo. La tragedia más reciente no puede verse como un accidente aislado, sino como un síntoma de un problema estructural: la falta de inversión en infraestructura básica y en sistemas de mitigación de riesgos en los sectores más pobres de Medellín. Cada año, las mismas familias deben empezar de cero porque la ciudad ha fallado en garantizarles un entorno seguro que les permita vivir dignamente.
El Sinaí y Santa Cruz no necesitan más promesas vacías ni paliativos momentáneos. Lo que estas comunidades requieren es un cambio de enfoque, un compromiso real con la justicia social y una inversión sostenida que permita cerrar las brechas históricas que los condenan a esta vulnerabilidad constante.
EPM, como empresa pública y símbolo del desarrollo de Medellín, tiene una responsabilidad ineludible con las familias afectadas por la inundación. No basta con enviar brigadas de atención; se necesitan reparaciones integrales que permitan a estas personas recuperar lo perdido y, sobre todo, prevenir que algo similar vuelva a ocurrir.
Por otro lado, la Alcaldía de Medellín debe asumir su papel y abordar de manera estructural las problemáticas de la zona Nororiental. No podemos seguir normalizando que estas comunidades sean noticia solo en medio de tragedias. Es urgente un plan que garantice vivienda digna, infraestructura adecuada y protección frente a los riesgos que afectan recurrentemente a estos sectores. La deuda con los habitantes de la Nororiental es una herida abierta que Medellín debe sanar. Estas familias han resistido a pesar de las adversidades, pero necesitan algo más que solidaridad. Es hora de que la ciudad les devuelva lo que durante tanto tiempo les ha negado: una vida sin temor a perderlo todo.
