Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Hace algunas semanas, el país escuchó al presidente Petro advertir sobre un inminente fraude electoral sin presentar una sola prueba verificable. No era una denuncia sustentada, era otra cosa: la instalación de una duda. En política, la duda basta para erosionar la confianza y fracturar el debate; basta para que dejemos de hablar de los hechos y para que la realidad pase a un segundo plano.
Hemos visto al presidente usar de manera amañada cifras sobre el sistema de salud y tergiversar los datos sobre la matriz energética del país. Lo hemos escuchado despreciar las opiniones de los expertos en aviación e inventar términos matemáticos con pose de erudito y sin el menor sustento científico. Sus funcionarios menosprecian las matemáticas, su gobierno desfinancia la investigación y sus seguidores más acérrimos están dispuestos a validar cualquier opinión de su líder, aunque esta riña con la verdad.
No se trata de salidas en falso del presidente: es una forma de hacer política. No se trata ya de debatir sobre los hechos, sino de desplazarlos, reescribirlos o reinterpretarlos hasta hacerlos encajar en el relato conveniente.
Este no es un fenómeno exclusivamente colombiano. En Estados Unidos, el presidente Trump no necesitó probar un fraude electoral para movilizar a sus seguidores más violentos: le bastó con instalar la sospecha. En Brasil, Jair Bolsonaro no desmontó la evidencia científica durante la pandemia; simplemente la volvió opinable. Los hechos, la ciencia y la experticia son sometidos a la opinión, y esta es validada a través del like.
Este fenómeno ha sido nombrado ‘desilustración’. En Colombia, la política y la opinión pública empiezan a transitar ese opaco camino. No es un problema de falta de información, sino del uso amañado de ella. La política no se ocupa ya de debatir sobre la realidad, sino de competir con ella. A los líderes políticos y de opinión de esta era no les hacen falta el rigor o la profundidad: les basta con aparentarlos. A sus seguidores no les importan sus inconsistencias o sus comprobadas mentiras, pues su vínculo no es racional sino identitario: no evalúan si la información es correcta, están reconociéndose en quien la enuncia. No se trata de verificar, sino de pertenecer. Solo así se explica que ahora justifiquen lo que antes denunciaban y que ahora callen frente a lo que antes los indignaba.
El riesgo para la democracia está en que, sin un mínimo de apego a la verdad, a hechos verificables y a cifras confiables, el debate público se hace imposible y la política queda reducida a una confrontación de relatos.
La salida no está en volver a una época en la que solo unos pocos tenían acceso a la información y solo ellos podían interpretarla. La solución está en reconstruir la confianza en instituciones dirigidas por personas que saben lo que dicen y explican lo que hacen; en darle relevancia a intermediarios calificados (la academia y los medios de comunicación rigurosos, por ejemplo); en formar una opinión pública con criterio suficiente para no tragar entero el relato de sus líderes, por más atractivo o viral que sea.
