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Hace unos días, la revista Semana destapó una presunta red de tráfico de influencias liderada por las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, que habría cobrado por gestionar contratos estatales. Tan meritorias ellas. Buena investigación, necesaria. No obstante, hubo un aparte que me dejó un sinsabor. Quienes habrían pagado fueron descritos como “empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander”. Sin nombres, sin empresas, sin NIT. Una categoría entera cargando la culpa de unos cuantos.
Horas después, el presidente Petro recogió el término y lo afiló. Escribió que “los llamados empresarios” dieron dineros “como pendejos” y remató con la fórmula “empresarios corruptos”. En menos de 48 horas, al menos ocho medios nacionales replicaron el sustantivo sin pinzas. EL TIEMPO tituló una sección “empresarios estafados”. El Heraldo reprodujo la frase presidencial. Infobae y Pulzo la repitieron más de 10 veces en una nota. Ninguno distinguió entre un empresario formal y particular señalado de pagar sobornos.
Alguien dirá que es un detalle semántico. No lo es. El lenguaje periodístico construye categorías mentales, y cada repetición de “empresarios corruptos” afianza más la asociación entre crear empresa y delinquir. Venimos, además, de un cuatrienio en el que el empresariado fue acorralado por la retórica oficial, tratado como sospechoso permanente, como clase a doblegar. Que los medios adopten sin filtro el vocabulario de esa retórica no es neutralidad. Es pereza con consecuencias.
Y aquí va la concesión que me corresponde. Si algún empresario de verdad, con empresa constituida y contratos en juego, pagó sobornos, hay que nombrarlo con nombre, apellido y razón social, sin eufemismos protectores. Este llamado no es un escudo gremial ni una petición de trato blando. Los corruptos con RUT merecen el mismo escarnio que los corruptos con curul. Lo que no merece escarnio es el sustantivo colectivo, ese que agrupa al tendero de barrio, al fundador de una startup y al industrial que paga nómina de miles, todos revueltos en un titular.
La solución es de manual básico de redacción. Cuando se trata de particulares sin empresa identificada, escribamos “particulares” o “contratistas”. Cuando hay empresa de por medio, nombrémosla, y atribuyamos la conducta a quienes decidieron actuar en su nombre, sean representantes legales, directivos o socios. La precisión no le quita fuerza a la denuncia. Se la quita a la generalización.
El sector formal genera la mayoría del empleo de este país y sostiene el recaudo con el que funciona el Estado. Tratarlo como sinónimo de sospecha es un lujo que una economía como la nuestra no se puede dar, y menos en plena transición de gobierno, cuando la inversión mira con lupa cada señal.
Los periodistas corregimos con severidad a quien confunde un peculado con un cohecho. Deberíamos aplicar el mismo rigor con los sustantivos que usamos en nuestro trabajo. Las palabras también contratan y también quiebran. Y “empresario”, en este país, merece ser tratado con el debido respeto y no como saco de arena para ser insultado.
