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Hacer un alto en el carácter siempre propositivo que tiene mi columna para hablar de corrupción es un salto que difícilmente un columnista quisiera dar. Pero es imposible ignorar la forma como termina este gobierno de Gustavo Petro: exactamente igual a como empezó, con un sinnúmero de escándalos de corrupción que dan muestra de su incompetencia, cuando no de una responsabilidad que debe ser investigada a fondo por las autoridades.
Nos pasamos cuatro años en esto: Benedetti denuncia a Laura Sarabia. Sarabia denuncia a Benedetti y a su niñera, Marelbys Meza. Luego se roban la UNGRD y terminamos con dos presidentes del Congreso presos. Y entonces aparecen nombramientos en la Dian con presuntos nexos con Papá Pitufo. Y después la corrupción se toma todas las entidades de inteligencia del Estado. Y aparecen los nombramientos sin mérito ni soporte, y conocemos a las hermanas —Juliana, la del diploma falso, y Verónica Guerrero—, hoy investigadas por el cobro de comisiones y coimas a cambio de contratos. Y volvemos a los que denuncian y, a su vez, son denunciados. Angie Rodríguez, del Fondo de Adaptación, denuncia a Carlos Carrillo, de la UNGRD. Angie Rodríguez denuncia a Gustavo Petro. Y, para cerrar el gobierno, el congresista Daniel Briceño revela que toda una familia ha sido nombrada en la Aerocivil: Gabriela Muñoz y seis familiares suyos, incluido su hermano Santiago, bajo la dirección —también investigada— de Luis Alfonso Martínez Chimenty.
Y mientras el país se preparaba para dar inicio al nuevo gobierno, el saliente firmó en tres semanas más de 40 mil contratos por cerca de 7 billones de pesos, el 50 por ciento de ellos por contratación directa, según la Contraloría.
Lo más doloroso no es la lista, larga y vergonzosa, sino lo que revela: un patrón. No fueron hechos aislados ni manzanas podridas; fue un ecosistema donde el cargo público se volvió botín y la denuncia, moneda de cambio entre aliados que ayer se abrazaban. El país se indignaba cada semana con un nuevo escándalo, a pasar de uno al siguiente sin exigir cuentas, y esa resignación es quizá la peor herencia. Porque la corrupción no se combate solo con indignación en las redes: se combate con instituciones fuertes, con veedurías ciudadanas, con una justicia que no dependa del color del gobierno de turno.
Como dicen en el ambiente militar: ¿de quién fue la orden? ¿Quién responde por el robo descarado y sistemático del Estado? ¿El presidente? Si no fue él —lo que deberá determinar la Comisión de Acusaciones—, entonces ¿dónde estaba? O era incapaz de gobernar, o ha sido cómplice. Lo que no es posible es asumir que no sea responsable de nada. Triste legado le deja a la izquierda que soñó y prometió el cambio.
