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Hace algunas semanas Jorge Restrepo, uno de los 10 economistas colombianos más reconocidos según Forbes escribió el siguiente tweet: “uno de los grandes éxitos de Colombia en materia de seguridad para las personas fue la reducción del secuestro extorsivo a su mínima expresión. Ese logro lo perdimos”. El autor sustentó la afirmación con una gráfica que señala categóricamente que a junio de 2023 el número de secuestros anual se situó a niveles similares a los de comienzos de la década anterior.
Dicho tweet y cifra coinciden con la publicación de un segundo estudio acerca del secuestro en Colombia (Gallego, Gloria; 2023), ambos permiten deducir un hecho innegable: el auge entre 2022 y 2023 del secuestro extorsivo no es coherente con el planteamiento del gobierno: Colombia, potencia mundial de la vida. Los análisis de la profesora Gallego y su equipo de investigación, y los relatos que los acompañan, hacen visible la deshumanización, la infamia y el trato cruel que significó el secuestro y “la severidad del daño causado... hay una realidad llena de violencia y desprecio” y es ahí precisamente donde radica la contradicción con dicha pretensión del gobierno.
El estudio mencionado hace una caracterización del secuestro que ratifica la importancia de no volver a esta práctica. Las víctimas no fueron solamente familias adineradas pues pescadores, trabajadores de finca, religiosos, campesinos, empleados, soldados y policías, también sufrieron del secuestro, así como ganaderos o hacendados, empresarios industriales o comerciales. Muchas personas fueron varias veces secuestradas o perseguidas sistemáticamente antes del secuestro; unas regresaron, otras murieron en cautiverio (muchas a manos de sus captores) y otras aún continúan desaparecidas. El secuestro conlleva, según Gallego, daños y pérdidas irreparables a la libertad, la vida, la integridad y la humanidad; además, deteriora la salud mental de las víctimas y sus familias. Así mismo, conlleva al fin de proyectos productivos, pérdida de empleos e ingresos, paraliza la inversión y los proyectos que favorecen el desarrollo municipal y el de las regiones. Algo que no puede perderse de vista, según el mencionado estudio, es la relación del paramilitarismo y el narcotráfico, tanto en el marco del conflicto como del secuestro. Tema relevante para el maltrecho proceso de paz total que intenta llevar a cabo el gobierno,
Una conclusión fundamental de dicho estudio es que nada justifica el secuestro, ni en el “discurso de la justicia social ni tampoco en nombre de la defensa del orden establecido”. El secuestro mostró horrores que como sociedad no podemos dejar que se repitan. Historias como la del soldado Julio Jaramillo o de la familia Vélez White (de ahí surge el título del segundo estudio “Fue como un naufragio”) o de la misma familia de la investigadora Gallego no pueden volver a ocurrir; las cifras recientes, sin embargo, muestran lo contrario. Es un imperativo de sociedad no volver a caer en la indiferencia ante este renaciente flagelo. Si el gobierno quiere que Colombia sea potencia mundial de la vida tiene que, también, detener el auge terrible y desolador del secuestro.
