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Cada enero, el Foro Económico Mundial publica el *Global Risks Report*, un ejercicio que consulta a más de 1.300 líderes y expertos en gobernanza, academia y sector privado sobre los riesgos que más probablemente sacudirán al mundo en los próximos dos y diez años. La edición de este año, tiene un diagnóstico incómodo: entramos a una “era de competencia”. El multilateralismo retrocede, la confrontación geoeconómica se instala como el riesgo más probable de desatar una crisis global —por encima del conflicto armado interestatal— y la confianza, la moneda que sostiene la cooperación internacional, se devalúa a ritmo acelerado.
El informe, más que un ejercicio académico distante, es un espejo útil para leer lo que le espera a Colombia en los próximos años, justo cuando el país cambia de gobierno y entra en una nueva era política. Sale un gobierno de izquierda y llega uno alineado a la nueva derecha global con su propia impronta y tropicalizado.
El WEF organiza el diagnóstico en seis frentes: la fractura del orden multilateral, la polarización de valores dentro de las sociedades, un ajuste de cuentas económico marcado por deuda e inflación, infraestructura crítica cada vez más vulnerable, los riesgos que trae la computación cuántica para la seguridad digital, y una inteligencia artificial cuyos efectos adversos —empezando por la desinformación— crecen más rápido que la capacidad de los Estados para regularlos.
Ninguno de estos seis frentes le es ajeno a Colombia. El país llega a este mapa de riesgos con una deuda pública que, según el Ministerio de Hacienda, llegó a 60,5% del PIB a junio de este año —65,1% al cierre del primer trimestre, el nivel más alto para ese período desde 1999—, mientras la cifra oficial de deuda neta, cercana a 57%, responde en buena parte a la apreciación del peso y no a una mejora estructural de las finanzas públicas. A eso se suman instituciones surgidas del Acuerdo de Paz que enfrentan cuestionamientos sobre su continuidad, y un gobierno entrante que ya ha señalado su intención de revisar la relación con organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es, casi punto por punto, el terreno que el informe describe como el más expuesto: economías con margen fiscal estrecho, instituciones bajo presión y una arquitectura internacional en la que cada vez menos actores confían.
La pregunta que me interesa explorar en mis siguientes columnas es cómo Colombia enfrentará estos riesgos. El nuevo gobierno hereda un diagnóstico que, en buena medida, ya reconoce: el presidente De La Espriella informa que recibirá unas finanzas públicas deterioradas, un endeudamiento creciente y un margen fiscal cada vez más estrecho. La pregunta es si las respuestas que se están anunciando —en política exterior, en institucionalidad, en manejo económico— están diseñadas para gestionar esos riesgos o, más bien, para profundizarlos.
En las próximas entregas voy a revisar los seis frentes del informe y a contrastarlos con declaraciones y decisiones concretas del gobierno. Espero que sirvan de aporte, o al menos de archivo histórico.
