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Al fin qué, ¿qué venga o qué no venga DOGE a Colombia? En español, el “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, el afamado proceso de recorte de gastos de Elon Musk en EE.UU. Aquí nos fascina el copy-paste por alguna razón desconocida, además de nuestra falta de creatividad y el gusto por importar modelos foráneos tipo motosierra de Milei.
Partamos de dos principios básicos: primero, los estados deben existir porque cumplen funciones que otras instituciones o sectores no pueden o no deben asumir, y lo hacen gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos y a recursos propios, como los generados por los ecopetroles. Segundo, esto no exime al Estado colombiano, ni a ningún otro, de ser lo más eficiente posible en su gasto.
Dado el actual desorden fiscal a nivel nacional, el Estado necesita un ajuste severo, como los que han tenido que implementar gobiernos anteriores. De lo contrario, seguirán bajando las calificaciones crediticias y aumentando los intereses de la deuda. En algún momento habrá que poner orden y todo el aparato estatal, incluyendo departamentos y municipios, deberán fortalecer sus indicadores de eficiencia, reportando al DNP.
Estos indicadores serán fundamentales para la implementación del nuevo SGP (Sistema General de Participaciones) sin espacio para la corrupción o el clientelismo. La ley de competencias que lo regirá marcará una de las reformas más trascendentales que haya tenido Colombia desde la Constitución del 91, un viraje significativo respecto al centralismo de Nariño en 1810. Si queremos una paz duradera, necesitamos esta reforma, pero solo si se implementa correctamente.
En general, las ciudades en Colombia han logrado mantener cierto orden y, con una creciente conciencia ciudadana sobre la administración pública, han mostrado mejoras en su gestión. Pero ciudades, como Popayán y Quibdó, continúan enfrentando serios problemas estructurales originados en la naturaleza de sus entornos. A nivel regional, la desigualdad económica e institucional sigue siendo un reto pendiente. La reforma del SGP debería contribuir a reducir estas brechas y promover un desarrollo más equitativo en el mediano plazo.
Aun así, la cultura paternalista del empleo público persiste, heredada del colonialismo. Los empresarios innovadores crean emprendimientos, y los profesionales comprometidos aportan al desarrollo. En contraste, los politiqueros y sus círculos se aferran a contratos y cargos públicos con escaso impacto. Es en este punto donde un DOGE podría marcar la diferencia.
Pero hay una gran distinción: no es lo mismo un maestro en formación permanente, un soldado en servicio, un juez con su equipo o un fiscal con el suyo, que un funcionario que es literalmente “una corbata” en una oficina pública cuya ‘función es calentar silla’. Tampoco es lo mismo un contrato público necesario de aquellos diseñados para favorecer intereses políticos y “repartir tajadas” al ordenador y sus jefes.
DOGE sería positivo para combatir la corrupción, la ‘contratitis’, la proliferación de contratos innecesarios y la adjudicación a dedo para favorecer compadrazgos políticos. Sin embargo, sería un error aplicarlo a rajatabla en funciones estatales esenciales como seguridad, justicia y educación (no siendo las únicas), que deben fortalecerse sin perder eficiencia.
