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Tengo experiencia en incendios. No porque sea bombero, que ya me gustaría lucir palmito en un calendario de esos “solidarios”, sino porque sobreviví a uno en el Mediterráneo español, en la localidad costera de Jávea, hará diez años. Mi experiencia, ya que conocía la zona, me dice que el monte calcinado, cercano a la costa y abatido por vientos marinos estaba aquel año descuidado después de un invierno que había dejado mucha maleza por desbrozar entre pinares, un tipo de bosque ya de por sí muy inflamable. En numerosas ocasiones advertí del riesgo de aquel incendio que nos obligó a abandonar nuestra casa de vacaciones para dormir en un polideportivo.
También tengo experiencia en políticos y he sobrevivido a muchos. Todos escurren el bulto ante las catástrofes y siempre culpan al vecino o a la naturaleza. Ahora, con buena parte de España (y del sur de Francia) ardiendo, se repite el patrón de siempre: la culpa es de otro y si no lo hay, es del lucero del Alba. Si España arde, no es porque durante años se haya abandonado la gestión forestal, ni porque el monte acumule combustible como una gigantesca hoguera esperando una cerilla. No. La culpa es del cambio climático, del calor, del viento y, si hace falta, del moro Muza.
El cambio climático es, en este caso, una patraña. Los datos son menos ideológicos que los discursos. Cada año, la naturaleza española genera alrededor de 50 millones de toneladas de biomasa. De ellas, apenas se gestionan o extraen 20 millones. Las 30 millones de toneladas restantes permanecen en el monte acumulándose como combustible. Material que, cuando aparece una chispa, convierte un incendio en infierno. Hablar de limpiar el monte no tiene el mismo encanto que organizar una cumbre climática. Respaldar la ganadería extensiva no proporciona los mismos titulares que anunciar una estrategia verde. Escuchar a agricultores, ganaderos y técnicos forestales resulta menos fotogénico que posar ante un atril hablando de emergencia climática. Quienes pisan el terreno llevan años diciendo lo mismo.
Asociaciones de agricultores advirtieron antes del verano del riesgo que suponía la abundante vegetación provocada por lluvias de este año. Más pasto significa combustible cuando llegan altas temperaturas. Recordaron algo que cualquiera que conozca el campo sabe desde hace generaciones: allí donde hay agricultura y ganadería, el riesgo disminuye de forma notable porque los pastos se aprovechan, se limpian y se mantienen bajo control. La naturaleza, cuando nadie la gestiona, no se convierte en parque temático lleno de “bambis” y conejitos parlanchines. La naturaleza es salvaje y el pasto se convierte en combustible.
La paradoja alcanza tintes casi surrealistas cuando son las propias normas las que dificultan esa prevención. Agricultores denuncian desde hace años que determinadas exigencias de la Política Agraria Común europea impiden labrar barbechos antes de septiembre, obligan a mantener cubiertas vegetales en olivares en el verano o limitan tratamiento de rastrojos de cereal. Agricultores obligados a conservar material potencialmente inflamable mientras les hablan de prevención.
Después llega el incendio y el culpable vuelve a ser el termómetro. El detonante es la chispa, pero sin combustible no hay incendio o, si lo hay, su voracidad es menor. El problema no es etéreo, no está en el cielo, sino a ras de suelo.
