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El presidente Gustavo Petro prometió salvar el sistema de salud. Aseguró que lo transformaría, que las EPS eran la raíz del problema, que el dinero se lo robaban, y que con su “nuevo modelo” reinarían la prevención, la dignidad y la eficiencia. Pero hoy, tras casi tres años de gobierno, la realidad es otra. El sistema no fue salvado, fue saboteado desde adentro. Y lo más grave: ya ni siquiera intentan revivirlo. Lo dejaron desangrándose en la sala de espera.
La Contraloría General de la República —que para Petro es ahora “opositora”— advirtió que el hueco financiero del sistema supera los $32,9 billones. Pero en la lógica del Palacio de Nariño, si el termómetro marca fiebre, entonces el problema no es el paciente, sino el termómetro. Así gobiernan.
De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los indicadores de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Apenas el 10,9 % de los afiliados están en EPS solventes. El resto se encuentra en estado crítico. ¿Qué hizo el Gobierno? Intervenir EPS como si eso fuera la cura. Resultado: las EPS intervenidas concentran cerca de 30 millones de usuarios... y no muestran ninguna mejora.
Hoy, 16 EPS tienen problemas de liquidez, 15 no cumplen con el capital mínimo y 22 no invierten en reservas técnicas. A esto se suma una deuda de $2,8 billones con operadores farmacéuticos. Eso se traduce, en palabras simples, en pacientes sin medicamentos.
En 2024 se interpusieron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Casi 500 por día. Los colombianos deben acudir a jueces para recibir lo que por ley ya deberían tener garantizado. Y aún así, el Gobierno insiste en que “la transición va bien”.
La siniestralidad promedio de las EPS fue del 110,1 %. Por cada $100 que recibieron, gastaron $110. Y mientras tanto, el Gobierno sigue tocando la flauta... como si todo esto fuera un cuento.
En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez tuvo que ponerse la salud al hombro y requerir al Gobierno Nacional mediante una acción popular para que cumpla su deber de garantizar el derecho a la salud. Sí, fue un alcalde —no el presidente— quien defendió a los pacientes, a los hospitales y al personal médico. La justicia ya ordenó al Ministerio de Salud pagar lo adeudado a las EPS e IPS en 30 días. Porque aquí, al menos, no se juega con la vida.
La verdad incómoda es esta: la supuesta reforma no fue más que un plan para demoler el sistema. Primero las finanzas, luego las EPS, después los hospitales, los pacientes... y por último, el derecho mismo a la salud.
El sistema de salud colombiano no colapsó por azar. No fue el resultado de una falla estructural espontánea. Su deterioro fue provocado por decisiones políticas deliberadas, omisiones reiteradas y una estrategia que, bajo la excusa de una “transición”, desmontó progresivamente las capacidades del modelo existente.
Como bien advierte el sentido común —ese que nuestras abuelas resumen en dichos sabios—: “cuando el río suena, piedras trae”. Y hoy el río del sistema de salud ruge, mientras el chuchuchú del Gobierno insiste en negar lo evidente.
El responsable: Gustavo Petro. El presidente que prometió salvar la salud pública, y terminó arrojándola al vacío, con premeditación política y absoluta irresponsabilidad.
