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En Medellín hay un fenómeno del que se habla poco, pero que todos vivimos a diario: el cobro excesivo y el mal funcionamiento de los parqueaderos. Un desorden silencioso, cada vez más normalizado, que afecta el bolsillo y la calidad de vida de miles de personas. Y lo más grave: sin regulación clara, sin control efectivo y con operadores que, en muchos casos, han convertido una necesidad ciudadana en un negocio abusivo.
¿Quién no ha sentido rabia o frustración al pagar más por una hora de parqueo en una clínica que por una consulta médica? ¿Quién no ha salido de un hospital, una universidad, un centro comercial o una oficina pública con la sensación de haber sido atracado al ver el recibo por haber parqueado unos cuantos minutos?
El parqueadero se ha convertido en una carga desproporcionada. Madres, adultos mayores, trabajadores, estudiantes... todos enfrentan cobros que, en muchos casos, duplican los de otras ciudades del país.
Pero el problema no es solo el precio. Es el desorden. Es la ausencia total de regulación, de control, de garantías. Es el hecho de que un servicio necesario funciona como una selva, donde el más fuerte impone la tarifa, el más ágil evade impuestos, y el ciudadano queda indefenso.
Clínicas, hospitales, centros comerciales, universidades, oficinas públicas... lugares donde debería garantizarse un acceso fácil y asequible, hoy están llenos de tarifas impuestas sin transparencia ni límites. Y el ciudadano, desprotegido, termina pagando por obligación.
Medellín tiene más de 2,6 millones de vehículos, pero apenas 2.507 celdas reguladas bajo el modelo de Zona de Estacionamiento Regulado. Eso equivale a una celda por cada 1.036 vehículos. Una proporción desmedida, que no solo refleja el fracaso en la planeación de ciudad, sino que ha sido el caldo de cultivo perfecto para que florezca el abuso: parqueaderos informales, tarifas arbitrarias, cobros sin recibos, operadores que no responden por robos o daños y que obligan a pagar solo en efectivo.
Todo esto ocurre en una ciudad que presume de innovación, pero que no ha abordado este tema de fondo en el Concejo de Medellín desde 1994, ni ha actualizado su regulación desde 1999. Tres décadas de abandono.
Lo más indignante es que la mayoría de los parqueaderos en Medellín operan sin cumplir los requisitos legales. Según estimaciones, apenas 375 unidades de negocio están formalmente registradas como establecimientos comerciales dedicados al estacionamiento. El resto, en muchos casos, son lotes invadidos, terrenos sin licencia o “emprendimientos” amparados por bandas o estructuras que incluso cobran por “seguridad” sin ofrecerla. Y si el vehículo sufre un daño o es hurtado, el ciudadano se queda sin parqueo, sin carro y sin a quién reclamarle.
Esto no es un ataque al sector privado. No se trata de perseguir a quienes trabajan con honestidad y prestan un buen servicio. Se trata de exigir lo mínimo: que todos jueguen con las mismas reglas, que se garantice el acceso equitativo al espacio público y que el parqueo no se convierta en un privilegio de unos pocos, ni en un castigo para quien necesita moverse por la ciudad.
Hoy, Medellín es una ciudad atrapada entre el atropello y la especulación. Con un parque automotor que ha crecido más de un 700 % en las últimas dos décadas, pero sin un modelo serio de infraestructura asociada. Cada carro necesita, en promedio, 14 m² para estacionar. Eso significa que, si seguimos por este camino, antes del 2030 la ciudad necesitará más de 600.000 m² adicionales solo para parqueaderos. ¿Dónde están esos metros cuadrados? ¿De qué espacio público vamos a disponer? ¿Cuántas calles más vamos a convertir en estacionamientos al aire libre?
Y ni hablar de los “trapitos rojos”: esa figura tolerada por décadas, a medio camino entre lo popular y lo ilegal, que nos obliga a pagar por estacionar en vía pública a personas que, muchas veces, actúan bajo la sombra de estructuras informales. ¿Cómo es posible que, sigamos naturalizando esta forma de extorsión disfrazada de colaboración?
Desde el Concejo de Medellín estamos alzando la voz. Porque no se puede hablar de desarrollo, de equidad ni de ciudad inteligente mientras miles de ciudadanos siguen siendo exprimidos por un sistema diseñado para lucrarse con la necesidad ajena.
Medellín necesita una política clara sobre el uso del suelo para parqueaderos, un estatuto actualizado que regule las tarifas, las condiciones del servicio, la legalidad de los establecimientos y, que garantice transparencia y precios justos.
Necesitamos dejar de normalizar lo inaceptable y avanzar hacia un modelo de parqueo que no responda a intereses particulares, sino al bien común.
Unámonos y debatamos este tema. Es urgente y necesario. Pongámoslo sobre la mesa del sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil, y busquemos una solución conjunta.
