Pico y Placa Medellín
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La vieron mujer y la creyeron débil. En medio de una gavilla de abogados defensores que no hicieron otra cosa que atacarla y desprestigiarla, ella no se amedrentó. Respondió. Aguantó. Y puso a prueba, frente a todo el país, la dignidad del ente acusador.
Yarlecy Mena Benítez, fiscal delegada de la Unidad de Administración Pública en Medellín, no se dejó intimidar. En un proceso con más de 12 implicados —entre ellos el exalcalde Quintero y exfuncionarios de alto nivel—, se mantuvo firme en medio de las marrullas jurídicas, el desgaste logístico, las solicitudes de aplazamiento en cadena, las presiones de sus superiores y hasta las risas cínicas de quienes nunca respetaron a una ciudad, y mucho menos a la justicia. Ella no solo resistió: actuó.
El proceso por corrupción es claro: delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Delitos graves contra lo público. Delitos que han dejado huella en Medellín. Y, sin embargo, la audiencia de imputación fue postergada una y otra vez. La defensa, con estrategias y maniobras, buscaba dilatar indefinidamente.
Pero la fiscal Mena se paró con la Constitución en una mano y el Código Penal en la otra. Dijo con claridad: “La audiencia continúa con quienes estén presentes. A los demás se les imputará más adelante”.
Y no lo hizo improvisando. Cumplió con cada paso exigido por la ley: individualización, exposición clara de los hechos jurídicamente relevantes, calificación de la conducta, respeto riguroso del procedimiento.
A Daniel Quintero le cayó la Fiscalía con toda.
A varios defensores se les notó más interés en los micrófonos que en el fondo del caso. Uno fue captado hablando de “salir en prensa”. Otro solicitó receso “para digerir la tanda”. Eso también habla del calibre del equipo que intenta deslegitimar un proceso: puro show, arrogancia y mucho dinero en la mesa para defender lo indefendible.
Para rematar, algunos quisieron desconocer a la Alcaldía de Medellín como víctima. Pero la ley es clara: las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y en este caso, el daño a la ciudad es real, concreto, y no puede silenciarse.
Como si todo esto fuera poco, el 9 de abril el presidente Gustavo Petro dijo públicamente: “Se devuelve el proceso que habían construido contra Daniel”. ¿Construido por quién? ¿Por una fiscal que actuó conforme a derecho? ¿Por una mujer que no se dejó intimidar por presiones? ¿Por una servidora que, simplemente, cumplió su deber?
El presidente de la República ha tomado una posición política clara, violando la división de poderes: en lugar de respaldar la labor de las instituciones que investigan y sancionan la corrupción, ha preferido alinearse y defender a quienes enfrentan serias imputaciones.
Esta no es una decisión aislada ni improvisada; responde a una coherencia con sus alianzas de origen y a una narrativa que descalifica y se entromete sistemáticamente con los órganos de control cuando los procesos no le son favorables.
La Fiscalía ha evidenciado, con rigor y pruebas, la existencia de una red criminal estructurada que utilizó el poder para saquear la ciudad. Ya son más de 40 los imputados.
Por eso hay que decirlo sin miedo: la fiscal ha hecho más por Medellín que el mismo Quintero. Ha enfrentado e imputado a una estructura de poder, política y mediática. Está dando una pelea difícil, y lo está haciendo sola. Por eso Medellín y Colombia deben rodearla. A esa fiscal hay que abrazarla. Porque es berraca. Porque está bien plantada. Porque no se la dejó montar. Porque nos representa a la mayoría que llevamos esperando años a que Daniel Quintero responda por todo el daño que le hizo —y le sigue haciendo— a la ciudad. Y porque está en riesgo que la aparten del caso para dejarles el camino fácil.
Yarlecy Mena Benítez no solo está cumpliendo su deber. Devolvió algo más profundo: la esperanza en la justicia colombiana.
