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Colombia se encamina hacia un viraje político inevitable. Todo indica que el 2026 no será un año más en el calendario electoral, sino el punto de inflexión en que el país corrija los excesos de la demagogia y vuelva a reconciliarse con la sensatez. La historia reciente demuestra que los gobiernos construidos sobre la indignación terminan devorados por sus propias promesas. Y el actual Gobierno no ha sido la excepción.
Octubre de 2025 marcó el fin simbólico de un ciclo. El presidente Gustavo Petro, en el ocaso de su popularidad, entregó su bendición política a Iván Cepeda, el más ideológico de sus herederos, mientras la comunidad internacional le daba la espalda. Su inclusión —junto con varios de sus allegados— en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no fue un hecho menor. Esa designación, que limita transacciones y congela activos, simboliza algo más profundo: la pérdida de confianza en la institucionalidad colombiana. El país que durante décadas fue aliado estratégico hoy es observado con recelo por los mercados.
El deterioro económico, la inseguridad creciente y la confrontación con los gremios empresariales completan el panorama de un Gobierno que se quedó sin narrativa. El discurso que decía representar al pueblo hoy solo representa la frustración de un país que ve cómo se agotan los recursos, los empleos y la esperanza.
Frente a ese escenario, el 2026 será el año del voto correctivo. No un voto de odio, sino de cansancio. El electorado colombiano ya entendió que el populismo no es sinónimo de justicia social, y que la rabia no produce desarrollo. Marzo, con las elecciones legislativas, marcará el primer campanazo: el Pacto Histórico perderá curules. La izquierda conservará su núcleo ideológico, pero no su hegemonía.
El nuevo Congreso reflejará un país que busca equilibrio. Las regiones serán determinantes para construir una mayoría de centro-derecha pragmática, capaz de ofrecer gobernabilidad y no solo resistencia. Las coaliciones se reconfigurarán alrededor de un eje común: seguridad, cooperación internacional, empleo y estabilidad. En ese terreno, la experiencia pesará más que la retórica.
En las ciudades, la tendencia será aún más visible. Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla votarán por capacidad de gestión, no por discursos. La generación que en 2022 se dejó seducir por la épica del cambio hoy exigirá resultados tangibles. Los alcaldes elegidos en 2023 ya marcan el rumbo: la ciudadanía premia la eficiencia, no el ruido. Esa será la tónica del 2026.
La presidencial, por su parte, mostrará un país dividido. Cepeda o quien encarne el continuismo petrista llegará con una base fiel suficiente para disputar la primera vuelta, pero insuficiente para gobernar. La segunda vuelta enfrentará dos visiones: la del discurso ideológico que mira al pasado y la del liderazgo técnico que mira al futuro. El candidato ganador no será el más carismático, sino el más confiable. Y la confianza hoy es un bien escaso que solo ofrece quien no debe favores al populismo.
Colombia no votará por revancha, sino por estabilidad. No elegirá al más estridente, sino al que inspire tranquilidad. Después de cuatro años de incertidumbre, el pueblo quiere volver a trabajar sin miedo, invertir sin riesgo y creer sin ingenuidad.
2026 será, en esencia, el año del retorno a la razón.
El año en que Colombia despierte del experimento populista y decida volver a lo que siempre la hizo grande: su gente trabajadora, sus instituciones sólidas y su vocación de futuro.
Desde Medellín —ciudad que ha resistido la violencia, la corrupción y la mentira— se vislumbra con claridad el amanecer de una nueva etapa nacional. El 2026 marcará el renacer de una mayoría silenciosa: la de quienes madrugan, trabajan, estudian y producen mientras otros destruyen y dividen. Esa mayoría, cansada de la manipulación y del ruido, votará esta vez con la cabeza y no con la rabia. Y cuando lo haga, Colombia volverá a creer, pero no en quienes prometen arrasarlo todo, sino en quienes tienen el coraje y la serenidad de reconstruir lo perdido.
