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En tanto el presidente Petro regresaba del Medio Oriente, hablando de “la nube algorítmica del pensamiento humano” –metáfora que ni él mismo entiende– la ONG Transparencia Internacional lo recibía con un demoledor informe sobre el imparable avance de la corrupción en Colombia. Una lacra que hace parte de la mala herencia nacional y que a partir de los años 50 del siglo pasado se desbocó, como lo recordaba el expresidente Carlos Lleras en uno de los tomos de su obra Crónica de mi propia vida.
Expresaba Lleras hace 75 años: “En Colombia se ha hecho de la administración pública un negocio. Se defrauda el fisco y se otorgan privilegios por cuenta del Estado mediante una retribución que no va al Estado sino al funcionario otorgante (...). Con el Estado como medio se han hecho millonarios, en poquísimo tiempo, sujetos que no tenían capacidad ninguna particular para ganar la vida, ni distinguirse por poseer una brizna de talento”. Hoy estas palabras no solo se rebobinan sino que se actualizan por las astucias de las que se valen los negociantes de la cosa pública. Los escándalos de la UNGRD, de la campaña presidencial, de los Pitufos y los validos e hijos del presidente, confirman que el país está peor en materia de probidad en el manejo de los dineros públicos.
Estos escándalos son peores que los ocurridos a mitad del siglo XX en la guerra entre liberales y conservadores por el dominio del presupuesto nacional, con el agravante de que hoy también los cubre el mismo manto de impunidad que denunciaba en esos años Carlos Lleras: “Se ha hablado y se habla de la lucha contra la impunidad. Sin duda esta es una de las urgencias más angustiosas del país. Pero esa lucha tiene que salir de lo simplemente especulativo y literario para convertirse en hecho actuante y fecundo. De lo contrario, a la sombra de la impunidad complaciente, seguirán prosperando los delitos y los delincuentes”. Hoy se han reproducido y refinado.
Por eso no es de extrañar las revelaciones que hace Transparencia Internacional, en cuyo listado hoy ocupa Colombia el puesto 92, con una calificación de 39 puntos, cifra por debajo de los 50 puntos, mínimo de tolerancia. Eso nos condena a seguir entre los países más corruptos del mundo. Y entre los 38 países de la OCDE, quedó de penúltima después de México. Curiosamente ambas regidas por gobiernos de izquierda populista.
Enumerar los escándalos colombianos llenaría los espacios de muchas columnas periodísticas. Cada día aparece uno que genera ruido y después sordera ante la aparición de otros más graves y vergonzosos. Se dictan más normas para erradicarlas o reducir las corruptelas siquiera “a sus justas proporciones”, y ni eso se logra. Esta enraizada en la cultura de la gestión pública y por eso la confianza del ciudadano en la pulcritud del manejo del Estado se ha perdido. Se podría hacer con el cúmulo de medidas dictadas para combatirla una enciclopedia de varios tomos. Insólitamente, no pocos de sus actores reeditan la deshonestidad, cobijados por la impunidad y la prescripción, refugios de las desvergüenzas.
