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Estamos a poco tiempo de las elecciones legislativas y presidenciales. Ambas se desarrollan dentro de un clima de radicalización política, de amenazas de grupos terroristas –que crecieron un 23% en el último año, para llegar a la cifra récord de 27.000 integrantes– y de escándalos que a diario se suceden irradiados desde la Casa de Nariño. Dentro del mes anterior a la entrada en vigor de la ley de garantías, el Gobierno Nacional suscribió miles de contratos de prestación de servicios, que desangran el erario. Con razón el Congreso de la República le ha frenado los intentos de gravar más al contribuyente, percibiendo que esos recursos son para malgastarlos, y la Corte Constitucional suspendió decretos de emergencia económica que aumentaban los tributos. El actual Ejecutivo no sabe lo que es la racionalización del gasto público, ni la austeridad como norma básica para manejar responsablemente los dineros del Estado.
La contienda electoral tiene múltiples precandidatos presidenciales. Difícilmente se percibe en ellos el estadista con poder para convocar, enfrentar y superar al heredero del actual régimen derrochador y picapleitos. No se ve con claridad la persona que desde la Presidencia de la República trace las bases para lograr un gran Acuerdo Nacional que conduzca a la elaboración de un plan básico de desarrollo a largo plazo, que pueda ser retomado y ajustado, de acuerdo a las circunstancias, por quienes lo sucedan. Solo imprimiéndole continuidad programática a lo fundamental, se podrá reconstruir un país que va a necesitar de varios gobiernos para recuperarse del legado petrista y sus tantos daños éticos, económicos, sociales, internacionales, políticos. Asímismo, poco, o nada, se ha hablado de propuestas para la reducción del Estado central, la recuperación del sistema de salud y de la seguridad ciudadana, y la retoma de la industria petrolera, conceptos dinamitados por el actual Gobierno.
Lo que se heredará en materia de finanzas públicas es preocupante. El año abrió con un déficit fiscal que redondea el 7% del PIB, cifra que según The Economist representa el segundo déficit más grande del mundo. La deuda pública, disparada, este Gobierno la ha incrementado en 400 billones de pesos. Entran costalados de divisas procedentes de diversas fuentes, lícitas e ilícitas, lo que hace que el peso colombiano se revalúe desproporcionadamente El Emisor sube las tasas de intereses para evitar un desbordamiento inflacionario que se puede venir debido a la desmesurada alza en el salario mínimo. Alza “populista”, como la calificó James Robinson, premio Nobel de Economía.
P.D.: Mientras el desorden económico y político abunda, la juventud manifiesta, en encuesta de Cifras y Conceptos, sentirse desplazada del funcionamiento de la democracia. Considera que en Colombia ella se reduce al mero acto de votar en las urnas y solo sirve a los políticos. Ni políticos, ni Gobierno, saben leer lo que quiere un nuevo país, esa Colombia joven, no pocas veces apabullada por el desempleo. Un campanazo que no despierta a los gobernantes ni a los caciques políticos para saber interpretar las realidades de país.
