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El problema no es el colapso. Es la suma de decisiones que lo vuelven imaginable.
La comparación con Venezuela se volvió un cliché. Tan repetida, tan mal usada, que perdió sentido. Decir hoy “Colombia es Venezuela” es una exageración fácil de desmontar. Y, sin embargo, por primera vez en décadas, hay decisiones que hacen que la comparación deje de ser absurda.
No porque estemos ahí. Sino porque algunas señales empiezan a rimar.
El error es imaginar el colapso como un evento. Como una caída abrupta, visible, escandalosa. No funciona así. Los países no colapsan: se erosionan hasta que un día descubren que ya no son lo que eran. Lo que hoy parece una decisión aislada, mañana se convierte en patrón. Y pasado mañana, en estructura.
Ese es el punto.
Si uno mira los datos, el país no está colapsando. Está funcionando. El Banco de la República mantiene una política monetaria contractiva —con tasas de interés cercanas al 11% en 2026— para contener la inflación. El riesgo país de Colombia, medido por el EMBI de JPMorgan, se ubica alrededor de los 280 puntos básicos, por debajo de varios pares regionales. Y la economía crecería entre 2,5% y 3%, según proyecciones de organismos multilaterales.
Esos datos importan. Pero dicen menos de lo que parece.
Porque la estabilidad actual no es el resultado de decisiones recientes, sino de inercias institucionales que todavía no han sido desmontadas: la independencia del banco central, una regla fiscal que —aunque tensionada— sigue operando, y un sector privado que continúa invirtiendo pese a la incertidumbre.
El problema es lo que empieza a moverse en paralelo.
Cuando desde el poder se cuestiona la autonomía del Banco de la República o se sugieren cambios en su mandato, no pasa nada inmediato. Pero se introduce una duda donde antes había una regla. En Venezuela, ese proceso no empezó con hiperinflación, sino con la subordinación progresiva de la política monetaria al poder político.
Cuando se envían señales contradictorias sobre el futuro de los contratos de exploración de petróleo y gas —incluida la decisión de no firmar nuevos contratos—, la inversión no desaparece de un día para otro. Se posterga. Se encarece. Se vuelve más selectiva.
Cuando la regulación energética cambia con frecuencia, o se amplía la discrecionalidad del Estado en sectores estratégicos, no se genera escasez al día siguiente. Se distorsionan los incentivos. Y los efectos aparecen después, cuando ya es más costoso corregirlos.
Nada de esto ocurre de golpe. Ocurre por acumulación.
Ese es el verdadero problema: el deterioro gradual es tolerable. Siempre hay una explicación. Siempre hay un matiz. Y mientras tanto, los datos siguen dando tranquilidad.
Hasta que dejan de hacerlo.
Colombia todavía no está ahí. Y ese “todavía” es lo único que importa. Porque implica dos cosas al mismo tiempo: que el alarmismo es torpe... pero que la complacencia es suicida.
El país no necesita exageraciones para preocuparse. Necesita memoria.
No somos Venezuela. Pero tampoco somos inmunes.
La verdadera amenaza no es un salto al vacío. Es algo más incómodo: un país que resiste. Que aguanta. Que sigue funcionando incluso cuando las decisiones empiezan a ir en otra dirección.
Porque cuando un país aguanta demasiado, corre el riesgo de acostumbrarse a deteriorarse.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es parecerse a otro país.
Es empezar a dejar de parecerse a uno mismo.
