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No hay tragedia que el presidente Gustavo Petro no convierta, antes que nada, en un alegato. La inundación que desbordó a Córdoba y Sucre —14 muertos, más de 120.000 damnificados, miles de familias sin techo ni comida— no fue la excepción. Antes de asumir responsabilidades, el Gobierno optó por el camino conocido: explicar el desastre como una conjura ajena, imprevisible y convenientemente culpable de todos menos de sí mismo.
Según el Presidente, lo ocurrido no fue una emergencia mal gestionada sino un episodio climático “atípico”, casi metafísico: un frente ártico inédito, represas codiciosas, terratenientes históricos, magistrados indolentes y hasta el petróleo mundial conspirando contra su mandato. Todo, menos una pregunta elemental: ¿qué hizo el Estado cuando sabía que el riesgo venía?
Porque lo sabía. Desde el 21 de enero los reportes advertían lluvias extraordinarias. Desde noviembre de 2025 estaba vigente el decreto de desastre que habilitaba traslados presupuestales y acción preventiva. Y, sin embargo, durante días la respuesta fue mínima, dispersa, tardía. La emergencia no sorprendió al Gobierno: lo desbordó.
Petro llegó a Córdoba el 9 de febrero, cuando la tragedia ya era inocultable. Recorrió zonas afectadas, encabezó un Consejo de Ministros, anunció investigaciones y habló de reubicaciones futuras. Todo necesario, todo tardío. La presencia presidencial, por sí sola, no borra la ausencia previa. Gobernar no es aparecer cuando el agua ya cubrió los pueblos; es evitar que los cubra.
En lugar de concentrarse en la gestión, el Presidente decidió trasladar el centro del debate hacia la Corte Constitucional. La tragedia se convirtió así en argumento para revivir un decreto de Emergencia Económica suspendido, no para corregir fallas sino para presionar al poder judicial. El mensaje fue claro: sin poderes extraordinarios no hay salvación posible. Una afirmación tan grave como falsa.
El decreto de desastre vigente ya otorgaba herramientas suficientes para actuar. Lo que faltó no fue norma, fue liderazgo. No fue dinero inmediato, fue coordinación. No fue previsión climática absoluta —que nadie exige— sino una respuesta preventiva proporcional al riesgo conocido. Convertir ese vacío en excusa para reclamar más poder no es audacia: es oportunismo.
El Presidente insiste en que lo imprevisible lo exonera. Pero la imprevisibilidad no absuelve a un gobernante; lo define. Un jefe de Estado no se mide por su capacidad de anticipar lo imposible, sino por su forma de administrar la incertidumbre. Y en esa prueba, el Gobierno falló.
Más inquietante aún es el patrón. Ante cada crisis, Petro reacciona igual: identifica enemigos, desplaza culpas, eleva el conflicto institucional y se refugia en el relato. No lidera primero; argumenta después. No gestiona; denuncia. No corrige; acusa. Así, el poder deja de ser instrumento para proteger a los ciudadanos y se convierte en herramienta para proteger el discurso.
Mientras tanto, Córdoba y Sucre siguen bajo el agua. Y el país asiste a un espectáculo ya conocido: un Presidente más preocupado por salvar su narrativa que por asumir el peso de sus decisiones. La tragedia no fue solo climática. Fue, una vez más, política.
