Pico y Placa Medellín
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La primera vez que oí hablar del sometimiento a la justicia se lo escuché al entonces ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel, durante una reunión con el presidente César Gaviria. Corría 1990. Desde los últimos meses del gobierno de Barco, los capos de Medellín estaban a la expectativa: buscaban entregarse a cambio de que, al confesar sus delitos, el Estado les concediera un tratamiento favorable. Después de innumerables estudios y análisis jurídicos, redactamos y sacamos adelante la conocida política de sometimiento a la justicia, que permitió desarticular a buena parte del Cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar. Aunque más tarde se fugaría, terminaríamos localizándolo y dándolo de baja en diciembre de 1993.
El esquema era, en el fondo, un intercambio: beneficios judiciales a cambio de entrega. Y todo estaba contenido en decretos de estado de sitio (2047 del 5 de septiembre de 1990), la política ofrecía rebajas de pena, e incluso la condena condicional, a quien se entregara de forma voluntaria y confesara al menos uno de sus delitos. El incentivo decisivo, sin embargo, era la no extradición: la garantía de ser juzgado en Colombia y no en los Estados Unidos, justo lo que más temían los Extraditables. A cambio, el sometido debía purgar su pena en cárceles de alta seguridad dentro del país, entregar los bienes de origen ilícito y renunciar a seguir delinquiendo o perdería los beneficios. La fórmula se complementó con el Estatuto para la Defensa de la Justicia y sus jueces sin rostro.
Desde entonces han pasado 36 años, esa política dejó un marco jurídico que el país no ha dejado de utilizar; seguimos discutiendo su viabilidad frente a cada nuevo ecosistema criminal. Pero ojo. Lo que proponen por ahora los llamados Pepes, la banda que opera en Barranquilla como una escisión de los Costeños en una para su sometimiento, firmada por Digno Palomino y Aldair Montero, para al actual ministro Iván Cancino, el Senador Enrique Gómez y la fiscal Luz Adriana Camargo, está muy lejos de buscar un sometimiento. Los puntos planteados pretenden un escenario de justicia transicional, confesión de la verdad, reparación y de pagar culpas nada.
Si para la época del narcoterrorismo en Colombia, la política de sometimiento parecía blanda, pero efectiva, pues no podría ahora el gobierno aceptar semejante propuesta que ni siquiera incluye la entrega de bienes ilícitos. Gran desafío tiene el Gobierno y su sistema de Justicia para avanzar en una política de sometimiento que recoja las mejores experiencias del pasado, actualice la norma a la realidad criminal de hoy y evite a toda costa la impunidad para organizaciones delincuenciales puras. A someterlos, pero a la ley.
