viernes
0 y 6
0 y 6
No deja de sorprender al país nuestro presidente con sus decisiones respecto a los temas de seguridad y defensa. Lo menos que puede uno preguntarse es ¿a qué estamos jugando? ¿ Cuál es el fin último de nuestro presidente en tema tan delicado y complejo como es la seguridad pública, en una nación con altos índices de violencia, desorden social y baja convivencia? En definitiva, ¿está el presidente actuando correctamente como jefe supremo de las Fuerzas Militares?
Quiero pensar que nuestro presidente desea lo mejor para el país y los ciudadanos que lo habitamos, pero ante la incertidumbre y preocupación creciente sobre la conveniencia e impacto positivo de sus decisiones en tales materias, me nacen muchas dudas, pues las solas intenciones no son suficientes para el logro de un fin propuesto. Conviene recordar el dicho: “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”.
Las decisiones del gobierno generan preocupación sobre las características y estilo de mando, la gerencia y el liderazgo de Gustavo Petro en el ejercicio de sus funciones. Estas tres condiciones son simbióticamente necesarias para el éxito de su gestión.
Su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (art. 189 CP) le otorga el mando y la autoridad formal para dirigir la Fuerza Pública; también tiene la incuestionable potestad legal de organizar y gerenciar la estructura organizacional para los fines de la institución armada; pero en cuanto al liderazgo, en mi sentir la característica más importante, aún no vemos su capacidad de motivar a los poseedores de las armas legítimas de la nación y lograr la unidad de propósitos y la obediencia por convicción, y no por obligación, que una estructura militar exitosa requiere. No es evidente la comunicación efectiva que genere identidad en cuanto a objetivos, metas y procedimientos. Ello no es bueno para el país, tampoco para el gobierno.
Además de las actitudes extrañas del gobierno sobre el manejo del orden público -que he comentado en pasadas columnas- que resultan disolventes de la “fe en la causa” que los soldados necesitamos, resulta incomprensible que el presidente no haya reaccionado públicamente ante las declaraciones del vocero del grupo armado ilegal con quien se está negociando, cuando declaró que “si queremos cambios estructurales debemos apoderarnos del Estado en su totalidad, de lo contrario tan solo será una utopía y solo la sociedad organizada logrará los cambios que necesita el país”. Ello, además de una bravuconada antidemocrática, es un reto a la institución que durante dos siglos ha protegido y garantizado el orden constitucional.
A las Fuerzas Militares hay que aclararles y precisarles los alcances de los posibles cambios en el modelo económico y las “transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales” de las cuales habla el acuerdo de México sobre la nueva agenda de diálogos entre el gobierno y el ELN, y si ella, la agenda, incluye y en qué medida el sistema político que nos rige y las reformas en curso sobre salud, pensiones y estructura agraria.
Evidentemente, el desasosiego en los militares no es gratuito. .