Sin éxito terminó la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, entre EPM y el Consorcio CCC Ituango, constructor del proyecto Hidroituango, en la que se pretendía llegar a un acuerdo sobre las pretensiones por valor de $9,9 billones, por los perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en abril de 2018.
Según se informó en agosto de 2020 cuando se inició el proceso, la decisión de EPM se tomó tras la revisión de 1.230 registros documentales en los que se identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.
El alcalde de Medellín Daniel Quintero al anunciar el hecho, a través de un video en su cuenta de Twitter, indicó que “el proceso terminó sin acuerdo, lamentablemente (...) Esos no son los recursos de Empresas Públicas de Medellín, son los de los antioqueños y de los colombianos”. De ahí que el siguiente paso, de acuerdo con el alcalde, es iniciar la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Por su parte el Consorcio CCC Ituango, aseguró a través de un comunicado que teniendo en cuenta que hay un socio extranjero (Camargo Corrêa Infra) “acudirá a las instancias jurídicas correspondientes que permitan resolver las diferencias contractuales con EPM”, en las que prevé demostrar “no solamente que ha actuado de buena fe, sino de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM)”.
La idea de esta parte es elevar las diferencias “ante un tribunal donde primen los argumentos técnicos y jurídicos para dejar en claro las actuaciones del Consorcio en la contingencia de abril del 2018”, y anunció que buscará que le sean reparados los impactos reputacionales y económicos a causa del proceso.
Disputa que se veía venir
El resultado de la fallida conciliación no fue sorpresivo, según reconoció David Suárez, profesor de Derecho Público de Eafit, pues las pretensiones eran demasiado altas y por lo tanto, “era muy poco probable que se llegara a un acuerdo”, entre otras razones, porque la suma es muy alta, incluso, frente a los patrimonios de las demandadas.
Suárez explicó, además, que estos son procesos que pueden ir en doble vía: “En proyectos y contratos tan complejos y de tantos años, los contratistas también van acumulando reclamaciones que terminan generalmente en otras demandas, como en lo sucedido con el metro”.
El 11 de diciembre se había realizado la primera audiencia de conciliación, que duró 48 minutos. En ella, el saliente procurador general, Fernando Carrillo, había instado a las partes para que llegaran a un acuerdo.
Hasta la fecha se tiene establecido que en el proyecto se han generado sobrecostos por 4,8 billones de pesos, en un contexto en el que el valor inicial de la hidroeléctrica era de 11,4 billones de pesos, pero, en la última actualización hecha en junio, su costo se elevó a 16,2 billones.
El proceso jurídico
En Colombia se puede demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa, que por la cuantía tendría como primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia y en segunda la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este camino “el proceso va a ser bastante complejo”, opinó el expresidente del Consejo de Estado, Ricardo Hoyos.
“La misma conciliación es prueba de ello, pues es un documento voluminoso, de más de 300 páginas. Muy seguramente la demanda tendrá un volumen superior”, consideró el exmagistrado Hoyos.
Incluso, agregó Suárez, un caso que en esta instancia puede tomar normalmente, por bien que le vaya entre 7 u 8 años, podría llevar muchísimo más tiempo. “Aquí la palabra es incierto: en cuanto a la duración y al resultado. Se van a necesitar muchas pruebas técnicas y financieras; y por las contrademandas que se van a dar”, afirmó el profesor.
En esto coincidió Hoyos quien precisó que el Tribunal recogerá todo el material de EPM y después analizará la contraparte: “Es un caso muy complejo, que tiene muchos asuntos. Involucra a diseñadores, constructores. No es fácil definir la clave del proceso”.
En este panorama hay que incluir una variable adicional que es la posibilidad de un pacto arbitral, con algunos de los contratistas, que es mucho más rápido, pero con este caso tan complejo podría trascender los dos años.
Y en esto aún no se estima qué pasará con el consorcio Hidroituango, “que también le hará reclamaciones a EPM (...) entonces todo lo que pida la empresa no va a ser para ella”, analizó Suárez.
Cabe anotar que el inicio de estos procesos no agota la opción de que las partes concilien.
Por otro lado, la próxima semana se debe resolver si hay conciliación o no con Mapfre con quien EPM tiene también una pretensión de reconocimiento por contingencias por valor de 5,3 billones de pesos.
El contrato continúa
Quintero fue enfático en que las obras no se detendrán ni sufrirán retraso alguno como consecuencia de ese hecho.
Esto porque el contrato entre EPM y los constructores, que vencía el 31 de diciembre de 2020, fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021, en un hecho anunciado el 22 del mismo mes.
La decisión permite la finalización de las obras para que el proyecto entre en funcionamiento y genere energía en 2022. Una vez finalizado (entre 2023 y 2024), aportará el 17 % de la energía del país, según EPM
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