La estabilidad jurídica les permitirá hacer las inversiones que han estado en mora.
Desde que las plazas de mercado de la ciudad están en manos de cooperativas (1997), nunca han tenido estabilidad jurídica. La Alcaldía ha entregado concesiones de dos años y cuando ha querido mejorar un poco las condiciones las ha entregado por cinco años, pero tan corto tiempo no permite realizar las inversiones necesarias para mantener esos espacios en óptimas condiciones.
Por ejemplo, la Plaza de Flórez está en mora de renovar su piso, pues el concreto y cemento que luce desde los 80 no cumple siquiera con la norma técnica para la comercialización de alimentos; pero cambiarlo cuesta, al menos, $400 millones, contó Juan Alberto Franco Forero, gerente de Copaflorez.
Los ingresos anuales de la cooperativa que administra la “Placita” son de $1.780 millones, de los cuales se deben pagar todos los gastos de funcionamiento, y el 10% al distrito de Medellín en contraprestación por la concesión.
En la Plaza de La América, la necesidad más apremiante es el cambio de la cubierta que es de asbesto cemento, un material que ahora es considerado peligroso y la obra cuesta $500 millones aproximadamente; lo mismo ocurre en la Plaza de Mercado de Campo Valdés, pero por el tamaño de dicho espacio el costo ronda los $1.000 millones.
Es de tener en cuenta que los ingresos anuales de ambas plazas son de $1.060 millones y de $1.000 millones, respectivamente. Y conseguir los recursos para llevar a cabo las obras antes mencionadas a las que se suman necesidades que son apremiantes —como la electrificación solar, el mejoramiento hidráulico y eléctrico, los mantenimientos de alcantarillados, la pavimentación y ampliación de parqueaderos, entre muchos otros— no es fácil sin estabilidad jurídica.
“¿Tú cómo llegas a pedirle un crédito a un banco si tienes un contrato de dos años?”, cuestionó Édison Palacio Cardona, gerente de Coomerca que administra la Plaza Minorista. A esa realidad se enfrentaban, así que lo que lograban hacer eran pañitos de agua tibia, arreglos urgentes y algunos mantenimientos que mantuvieran las edificaciones en pie.
Lucharon por un cambio
Esta precariedad que se vive en estos sitios no es nueva, de hecho hoy están mucho mejor que en la década de los 80 o los 90, cuando bajo la administración de Emvarias cargaban con un lastre de inseguridad y de baja rentabilidad que las hacía casi inviables: las pérdidas se contaban por miles de millones cada año.
En 1997 nacen las cooperativas, que bajo contratos de concesión, empiezan a administrar las plazas, logrando mejorar los indicadores de pago de los comerciantes, pagar cumplidamente los servicios públicos a precios comerciales y mantener los edificios en estados suficientemente óptimos para que puedan funcionar.
“Hemos demostrado que se ha cumplido el objeto, las cifras nos respaldan: valorización comercial del bien, recuperación del espacio que se estaba perdiendo; ahora este modelo es financieramente sostenible mientras que en el resto del país da pérdidas”, anotó Palacio.
Por eso los tomó por sorpresa cuando la administración de Daniel Quintero quiso cambiar radicalmente el modelo de administración de las plazas de mercado. La primera propuesta era entregar estos bienes a inmobiliarias, como ocurre en otras ciudades del país y que ya se estaba implementando en Las Maldivas, como se le conoce a al bloque 26 de la Plaza Mayorista que es del distrito, de modo que los comerciantes se convirtieran en arrendadores, un modelo que a todas luces afectaba el arraigo de las familias que llevan varías generaciones allí.
“Nosotros tenemos comerciantes de tercera y cuarta generación, decirles que los puestos en la plaza se iban a feriar de una forma diferente era muy preocupante, y podía generar un gran problema social”, dijo Franco.
Y es que no era para menos. El proyecto de la Alcaldía incorporaba unos requisitos para la adjudicación de los locales que hacía que prácticamente ninguno de los comerciantes que hoy están en las plazas se pudiera quedar.
Según Palacio, “uno no puede esperar que los comerciantes de la plaza sean los más pobres, ni puede sancionar a los que han logrado hacer un patrimonio con este negocio, y lo que quería la alcaldía era precisamente eso, que llegaran los más vulnerables, pero esas personas no conocen del negocio, no tienen a toda una red de proveedores trabajando como aliado ni tienen la visión empresarial que ya vemos en las plazas de mercado. Teníamos que defender la libertad económica y el arraigo”.
En vista de lo que iba a ocurrir, los gerentes de la plaza acudieron a Acopi, gremio de las mipymes, para que los representara ante la Alcaldía y allá pudieran entender cómo es que funcionan y por qué para que las plazas funcionen no es necesario cambiar el modelo, sino sólo ajustar los plazos en los que son entregadas las concesiones.
Así que María Elena Ospina, presidenta de Acopi Antioquia, fue a hablar con el alcalde, a mostrarle la historia que ha permitido a las plazas de mercado prosperar y tener a más de 30.000 trabajadores entre directos e indirectos, y cada vez más clientes y proveedores. De que entendiera este modelo dependía que no se produjera un gran estallido social.
La solución
Luego de muchas reuniones, de documentos que iban y venía de lado y lado, la Alcaldía, Acopi y las cooperativas que administran las plazas de mercado de la ciudad llegaron a un acuerdo que les permitirá continuar con un contrato de 10 años, en el que las cooperativas estarán a cargo de todos los gastos e inversiones que requieren las plazas, ya no tendrán que devolver al distrito el 10% de sus ingresos, pero tienen que invertir mucho más de lo que recaudan por el uso de los locales.
La plaza de La América tiene que conseguir $15.200 millones en esos 10 años (1.500 millones más de los que genera), Campo Valdés $13.900 millones (1.000 millones más) y la Minorista $200.000 millones (60.000 millones más).
“Ahí está la gestión que tenemos que realizar en adelante, serán clave los créditos y la cooperación internacional, para que podamos tener unas mejores plazas y con mejores plazas y más clientes los dueños de los locales, con el tiempo, podrán pagar más”, explicó Palacio.
En meses pasados el alcalde Quintero presentó el acuerdo al que habían llegado: “Se crea un modelo donde ganan los comerciantes, donde, además, los recursos que salen de ahí se reinvierten en la plaza, le da estabilidad a todos los venteros para que no llegue nadie a sacarlos a las malas. Gana Medellín, ganan los comerciantes y se modernizan las plazas”.
Este nuevo modelo de gestión permitirá, entre otros beneficios, que las condiciones de administración, operación y conservación de estos espacios se garanticen en el tiempo y que los vendedores que tienen arraigo continúen con sus negocios en los locales. La Plaza Minorista inició su nuevo contrato en febrero, y en junio iniciarán las demás.
