Un nuevo paso hacia un posible revés político nuevo del Pacto Histórico y del quinterismo se acaba de dar en Bogotá, pues el Consejo de Estado admitió este lunes para estudio la demanda de solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara Alejandro Toro.
La acción legal había sido interpuesta ante la máxima instancia del Contencioso por el abogado Juan David Giraldo Mora, el jueves pasado, 18 de abril, por una presunta inhabilidad que tenía el político para inscribirse a la lista del Pacto Histórico para las elecciones legislativas del año 2022 y que, de ser confirmada, le haría perder la curul en la Cámara baja del Legislativo al político antioqueño que ha sido un aliado del exalcalde Daniel Quintero.
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La razón que esgrime el demandante es que Toro Ramírez firmó un contrato que suscribieron su fundación, Avanti Centro de Formación, y el Colegio Mayor de Antioquia, una de las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín y que la ejecución se fue hasta diciembre de 2021, tres meses antes de ser elegido como congresista, lo cual está prohibido.
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“En el caso sub examine se cumplen los requisitos procesales para la admisión de la solicitud de pérdida de investidura, toda vez que quien presenta la petición es ciudadano colombiano, identificado con nombres y apellidos. De igual forma, el peticionario indicó su dirección de notificaciones, la causal de pérdida de investidura en que se fundamenta la petición y las pruebas que pretende hacer valer en el proceso”, dice el auto.
En los certificados de registro anexados a la demanda consta que Toro Ramírez creó y representó a Avanti. También en esa documentación se icluye el contrato 89766-094 de 2021 con la rúbrica del actual congresista, en representación de dicha corporación con el Colegio Mayor de Antioquia, con un plazo de ejecución del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2021 y un valor inicial de 50 millones de pesos para prestar servicios profesionales en el marco de un semillero con víctimas del conflicto armado.
Adicionalmente, el jurista Giraldo incluyó informes de las actividades ejecutadas en el contrato con evidencias y fotografías en las que Toro Ramírez figuró también como tallerista.
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“Fuimos haciendo este trabajo, haciendo los derechos de petición y recolectando las pruebas necesarias para cerciorarnos; cuando ya tuvimos plena confianza entre nosotros, tomamos la decisión de que yo presentara la demanda”, indicó el abogado Giraldo el viernes pasado.
