Un contrato de prestación de servicios suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y un asesor del Invías tiene en la mira al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, a su pareja sentimental Julián Caicedo Cano y a la administración de Medellín.
Una investigación de La Silla Vacía reveló que Caicedo Cano tiene una vinculación desde el 24 de enero de este año como asesor en la Dirección Técnica y de Estructuración del Instituto Nacional de Vías (Invías) y al mismo tiempo firmó un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, que estuvo vigente hasta el pasado 15 de mayo.
EL COLOMBIANO revisó los documentos del proceso y encontró que el valor total fue de $25.995.424, con un pago mensual de $6,9 millones, tenía un plazo de ejecución de 113 días y el objeto era “realizar acompañamiento estratégico” en un contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Pascual Bravo.
Como parte de sus funciones, Julián Caicedo debía apoyar la articulación de los diferentes equipos de la Secretaría de Desarrollo Económico; apoyar en la planeación, seguimiento e implementación de los programas y proyectos de cada una de las dependencias de esa secretaría; participar en eventos, mesas y reuniones programadas y direccionadas en la entidad y apoyar otras estrategias.
Sin embargo, en la documentación que está en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en la parte de la ejecución del contrato el estado de sus entregas que certifican el trabajo que ha realizado como parte de su gestión están pendientes. Incluso, las casillas que señalan la fecha de entrega real y el porcentaje de realización real están vacías.
En esa parte, hay cinco entregas proyectadas para el 10 y el 24 de marzo, el 24 de abril y el 24 y 26 de mayo que debían tener un porcentaje de ejecución del 7, 34, 60, 87 y 100%, respectivamente. En sus informes solo se lee frases como “actividades, cuenta de cobro, declaración juramenta y seguridad social”.
Tampoco aparece la documentación que los contratistas del Estado tienen que entregar, como hoja de vida y certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios, entre otros. De hecho, su declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta que deben publicar los funcionarios y contratistas por ley tampoco aparecen en la página de la Función Pública del Estado.
Lo que despierta aún más inquietud sobre un contrato que ya deja varios interrogantes, es cómo lo ejecutó si, según sus redes sociales, vive en Bogotá y, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram, se la pasó viajando durante los meses en los que debió prestar apoyo al equipo de la Secretaría de Desarrollo en Medellín.
Adicionalmente, el otro interrogante es cómo logra un asesor ser contratista al mismo tiempo si la ley se los prohibe a los funcionarios en ejercicio.
Este episodio sale a la luz justo en un momento en el cual el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa también aparece en el ojo del huracán por cuenta de los audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, en los que señaló que a la campaña de Gustavo Petro, que Roa gerenció, ingresaron $15.000 millones que no fueron reportados.
No es la primera vez que este tipo de contratos, denominados “corbata” porque se pagan los servicios sin ser ejecutados, involucran al actual gobierno de Daniel Quintero.
En estas mismas páginas habíamos denunciado que en el Dagrd, el hoy senador del Pacto Histórico Alex Flórez tenía varias personas vinculadas a esa dependencia, entre ellas, a su excompañera sentimental, sin que realmente desempeñaran función alguna. Por ese hecho, la Personería de Medellín abrió en abril pasado una indagación por presuntas irregularidades en la contratación.
