El asunto ha hecho que diferentes voces se pronuncien a favor y en contra del acto y de los tintes que uno y otro bando le han querido endilgar al suceso del pasado fin de semana. Una de las recientes expresiones vino desde el Movimiento Sinergia, un grupo ciudadano por la reconciliación y la convivencia de la ciudad, el cual por más de dos décadas ha acompañado y dado garantía a los procesos de construcción de paz urbana y memoria en Medellín.
Según Sinergía, hay una profunda preocupación por los recientes señalamientos públicos emitidos desde la Alcaldía de Medellín y el Concejo Municipal “qué deslegitiman los esfuerzos orientados a una solución política y jurídica del conflicto urbano”.
De acuerdo con la entidad, desde 2016 hay por parte de la Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley, una clara la disposición de avanzar hacia un acuerdo integral con participación de la sociedad civil, con base en la Seguridad Humana y el respeto a los derechos fundamentales.
“Estos esfuerzos fueron conocidos, valorados y en ocasiones acompañados institucionalmente por actores del gobierno local y concejales en diferentes períodos, quiénes incluso propiciaron
escenarios de escucha, acompañamiento en cárceles y respaldo a iniciativas comunitarias en territorios vulnerables. Nos resulta contradictorio qué hoy esos mismos actores, muchos de ellos
nuevamente en funciones, adopten una postura de negación absoluta al espíritu mismo de nuestra constitución política, qué nos otorga él derecho y él deber a trabajar por la paz, atacando sin argumentos él proceso de acogimiento a la justicia impulsado por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Justicia”, comentó Sinergia en clara alusión al alcalde Federico Gutiérrez y otros funcionarios del Distrito.
Según el movimiento, el fenómeno de la violencia urbana no puede ser enfrentado únicamente con medidas de represión. Por el contrario, requiere salidas concertadas, diferenciales y verificables, qué incluyan verdad, justicia restaurativa, garantías de no repetición y reincorporación efectiva.
“El actual discurso estigmatizante no solo desconoce la realidad histórica de la ciudad, sino qué responde a motivaciones políticas qué nada aportan a la paz ni a la seguridad de la ciudadanía. Pretender asociar todos los procesos de concertación con 'complicidad criminal' o 'permisividad con estructuras' es un grave error qué obstaculiza caminos legítimos de superación del conflicto, criminaliza a los garantes y pone en riesgo a quienes trabajan desde los territorios”, añadieron.
Al final de su comunicado, en otro aparte, Sinergia comentó que la negación o saboteo de este proceso por razones políticas atenta contra el interés superior de la ciudadanía y los derechos de las víctimas.
“Invitamos al Gobierno local y a los miembros del Concejo a retomar el camino de la responsabilidad institucional, a dejar de instrumentalizar el dolor social con fines electorales y a sentarse, nuevamente, con quiénes desde la legalidad promovemos una paz urbana real, integral y duradera”, apuntaron.
Sobre el Movimiento Sinergia se ha conocido que muchos de sus integrantes estuvieron en la cárcel, donde hicieron procesos de pacificación y ya en libertad se esforzaron por seguir ese camino.
De hecho, al inicio de los diálogos, la organización criminal Pachelly dijo: “Proponemos que el Movimiento Social por la Reconciliación y la Convivencia Sinergia sea la organización de la sociedad civil, que en unión de los delegados del Gobierno Nacional, realicen los acercamientos e interlocución formal con los miembros de nuestra organización”.
La creación de Sinergia, en 2016, estuvo acompañada por la Gerencia de Paz de Antioquia y las secretarías de Seguridad e Inclusión Social y Familia de Medellín, del primer mandato de Federico Gutíerrez, además de la Iglesia Católica.