A la firma Cyan era como si se le hubiera aparecido la Virgen con la obtención del contrato de usufructo del Hangar Park, la megacarpa de espectáculos que levantó en el aeroparque Juan Pablo II gracias al trato preferencial que le dio la anterior administración de Medellín en cabeza del alcalde Daniel Quintero. Pero con el tiempo el Cristo se le volteó de espaldas, al punto de que ese que se avizoraba como un gran negocio se le convirtió en una maraña de problemas.
El último capítulo en ese novelón fue la decisión del Distrito Especial de Medellín, a través de la nueva administración de Metroparques, de demandar el contrato suscrito, el cual, en teoría, le permitía a Cyan Eventos y Logística utilizar el área donde levantó la carpa. La acción fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia basados en los presuntos vicios que habría tenido este negocio y en las supuestas irregularidades de tipo ambiental.
Una de las consideraciones de los demandantes es que quien actúe como juez del caso analice si hubo un interés ilícito en la asignación del mencionado contrato.
En su momento, este diario reveló que fuera de Mauricio Jaramillo, el representante legal de Cyan, detrás de este contrato estaría también el empresario de espectáculos bogotano Fernando Dussán quien a su vez habría sostenido una relación cercana con Diana Fonseca, que tenía mucha influencia en las altas esferas de la Alcaldía. De hecho, Dussán promovió en sus redes el Hangar Park.
El documento le dio a Cyan la posibilidad de usufructuar la plazoleta de eventos No. 1 y la zona verde de la plazoleta No. 2 del Juan Pablo II para eventos comerciales, desde el primero de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto de 2026. Eso quiere decir que le prolongó sus privilegios mucho más allá del fin de la administración Quintero, de manera que el alcalde sucesor –en este caso Federico Gutiérrez– tendría un problema si quería revocarlo.
En parte, el interés ilícito que alega hoy Metroparques tendría que ver con las condiciones ventajosas para el privado, que podrían significar detrimento para la administración pública. El canon mensual es de $27’370.000 pesos, IVA incluido y luego de la inversión en la megacarpa, el aforo puede dar para 7.500 a 8.000 espectadores, de manera que los arrendatarios pueden, en teoría, obtener entre $80 y $100 millones por el subarriendo para una sola fecha, según el cálculo de una fuente conocedora de este mercado.
Así, las ganancias serían astronómicas, de no ser por los inconvenientes y la oposición que ha tenido el desempeño normal del Hangar Park, incluidas las constantes quejas de la comunidad de Belén por el ruido y las incomodidades.
Ese escollo legal ligado a lo contractual apenas va en una fase preliminar, pero lo que sí ha avanzado es el proceso sancionatorio que estaba congelado y ahora revivió el Área Metropolitana.
Resulta que el 19 de julio de 2023 esta autoridad ambiental del Valle de Aburrá había impuesto una medida preventiva e iniciado una investigación contra Metroparques porque en visitas comprobó que en la construcción de la carpa de 6.000 metros cuadrados –que en teoría es desmontable pero en la práctica parece que no– dejaron dispersos los escombros, las basuras y chatarra de la obra, afectando las áreas verdes y sin protección adecuada para los árboles del área circundante, “evidenciándose lesiones y daños como golpes, cortes y desgarramientos en ramas y raíces, que están afectando la salud y estabilidad de gran parte de los individuos”. También, al parecer, habían cortado diez árboles sin permiso.
La medida preventiva se impuso el 19 de julio del año pasado y en esa misma fecha se ordenó el inicio de la investigación contra Metroparques, pero luego se congelaron las medidas porque esa entidad alegó que había actuado bien y que podía comprobar que requirió al arrendatario “en distintas oportunidades sin encontrar respuesta y que por lo tanto la responsabilidad es de este en asumir los daños y perjuicios causados en materia ambiental, en lo relacionado con la instalación y montaje de la carpa de eventos”.
Cyan, de su parte, acreditó que había retirado los residuos de materiales de construcción mal dispuestos y que, luego de la advertencia, protegió los árboles y mandó podar el pasto.
Solo que en una nueva visita, en abril de este año, concluyeron que persistían algunas afectaciones derivadas de la instalación de la carpa, como los árboles enterrados por el material que compactaron para las bases, podas inadecuadas de raíces y ramas, construcción de alcorques y excavaciones sin autorización para acometer instalaciones hidráulicas, entre otras, lo mismo que la transformación del entorno y las condiciones fitosanitarias con efectos adversos para la “conectividad ecológica y la fauna silvestre”. Es decir que hasta las especies que anidan por acá y las que pasan en sus travesías migratorias sufrieron.
De allí que en una decisión de mayo pasado ordenaran la suspensión de actividades dentro de la carpa y continuar con el proceso sancionatorio, pero esta vez contra Cyan, que de ser hallada culpable podría acarrear una multa de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales ($6.500 millones) o el cierre definitivo de la carpa.
Una complicación más para Cyan podría venir de la Aeronáutica Civil. Acá hay que combinar dos documentos. A propósito de la discusión inicial acerca de si dada su magnitud y los cimientos que requería, el Hangar Park precisaba de licencia de construcción, las autoridades locales le pidieron un concepto a la Aerocivil y esta certificó que la altura máxima permitida en el aeroparque por su cercanía con el aeropuerto Olaya Herrera eran 13 metros en la mayor parte del área considerada. Pero en el informe de la visita del Área Metropolitana al sitio se consignó que la carpa tiene 15 metros de altura, es decir dos metros más de lo permitido y sería un motivo más para ordenar su desmonte.
Y todavía hace falta que el Ministerio de Cultura conteste si para hacer la estructura se precisaba igualmente de su permiso, por estar en un terreno afectado como bien de interés patrimonial, como lo es el aeropuerto Olaya Herrera.
