Su Oportuno Servicio (S.O.S), la firma más opcionada para llevarse una tajada jugosa de una contratación por 120.000 millones de pesos para brindar seguridad a las sedes de EPM, no es la primera vez que está involucrada en escándalos por presunto favorecimiento de parte de políticos y funcionarios.
Resulta que esa misma compañía fue mencionada en un caso similar de 2016 por un contrato que suscribió la Gobernación de San Andrés, y por el cual la Procuraduría General de la Nación investigó y llamó a juicio disciplinario al entonces gobernador Ronald Housni por presunta corrupción. Lo que llama adicionalmente la atención es que el exgobernador hace parte del mismo clan político señalado de desfalcar el archipiélago colombiano y con ellos trabajó la esposa del alcalde Daniel Quintero, Diana Osorio.
En aquella ocasión el contrato tenía un monto cercano a los 2.000 millones de pesos y consistía en la prestación de servicio de seguridad para las sedes ocupadas por la administración departamental de la isla.
La puja era entre una empresa que obtuvo 399 puntos en el concurso de méritos y Su Oportuno Servicio, la cual alcanzó 400 puntos —solo un punto más que la otra— gracias a una propuesta económica que era apenas 99 pesos más económica, “puntaje que se asignó sin efectuar un análisis costo-beneficio en los términos del art. 26 del Decreto 1510 de 2013”, de acuerdo con el expediente.
En ese tiempo, los accionistas de Su Oportuno Servicio José Villalba Beltrán y Harlyn Villalba también eran integrantes de la junta directiva de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (Sopesa SA. ESP), en la que el exgobernador Housni trabajó por un lapso de 16 años.
“Se pudo establecer que el investigado habría laborado desde 1998 hasta el año 2014 en la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. ESP, en los cargos de representante legal, y gerente general”, dice un aparte del expediente que resalta luego que este no declaró conflicto de interés.
El proceso fue asumido por la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario y posteriormente finalizó en 2019 en un preacuerdo entre la Fiscalía y el acusado, quien aceptó los cargos de concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación y contratación sin cumplir con los requisitos legales. La Corte Suprema de Justicia le rebajó a siete años y medio de cárcel más una multa superior a los 2.400 millones de pesos la penalidad por los hechos de corrupción cometidos durante su administración, una condena que dejó insatisfechos a muchos sectores en San Andrés, que no la consideraron suficiente, porque inicialmente eran 15 años.
En el expediente figuran testimonios según los cuales, en esa historia hubo contratistas que “acordaron darle al gobernador y a su hermano Jack Housni Jaller el 10% de cada contrato que obtuvieran”.
El año pasado, la Corte Suprema desempolvó también las indagaciones que tenía contra Jack Housni por delitos idénticos a los de su hermano.
Vale la pena recordar que el representante a la Cámara Jack Housni fue el mentor de la primera dama de Medellín, Diana Osorio, en el primer paso que dio por el sector público —ella apenas tenía 27 años— al emplearla como asesora principal en su unidad de apoyo legislativo en 2015, según reseña Las2Orillas. Una de sus funciones sería desarrollar políticas para el mejoramiento de la isla, justo en la época en que se dio el mayor desfalco que haya sufrido el archipiélago en su historia más reciente.
Curiosamente, además, en el modus operandi de las conductas punibles del exgobernador Ronald Housni aparece como pionero de los convenios y contratos interadministrativos que se han puesto de moda en las últimas alcaldías para soslayar la exigencia de realizar licitaciones en contratos públicos de mayor cuantía.
No hay que olvidar tampoco la influencia que, de acuerdo con distintas fuentes, tendría Osorio en las decisiones dentro de la administración de su esposo y que este, a su vez, desde que entró en 2020, gestó la remoción de la cúpula que había en EPM para ubicar a personas cercanas en cargos importantes, desde el propio gerente general.
La contratación en la que ahora la compañía donde es accionista José Villalba, el viejo conocido de los mentores de la Primera Gestora (S.O.S), en la que se ha denunciado presunto favoritismo, tiene que ver con la vigilancia de las sedes de EPM en el país. Está dividida en dos partes, uno para las instalaciones del Valle de Aburrá, por cerca de $46.000 millones y otra para las que están dispersas en otras partes, incluyendo no solo municipios de Antioquia sino Caldas, Cundinamarca y La Guajira, entre otras ciudades, por $73.000 millones.
El proceso debía culminar el 31 de agosto con el anuncio de los ganadores de ambos grupos, pero fue pospuesto por dos meses más, de suerte que la nueva fecha es el 31 de octubre.
Las alarmas empezaron a sonar entre los competidores al ver que entre las exigencias de EPM figura la acreditación de mínimo 5 años de experiencia en máximo cinco contratos cuyo valor alcance por lo menos los 70.000 salarios mínimos mensuales. Otra condición es constituir garantías bancarias por $400 millones.
Pero el último requisito es el más mayor motivo de polémica porque allí estaría el “diablillo” que le daría la ventaja a S.O.S., pues se estaría apoyando en pólizas de menor cobertura para presentar la propuesta más baja en precio.
De acuerdo con versiones recogidas por EL COLOMBIANO, esta compañía se había rajado ya en el proceso que se inició en 2022 y que había sido suspendido al incumplir varias condiciones. La firma en la actualidad tiene 26 sedes en el país, pero no registra bienes inmuebles a su nombre.
Este diario trató de conocer la versión de Su Oportuno Servicio. Para ello llamó a un teléfono móvil que reportó en documentos para notificaciones, pero no contestaron. En las oficinas de Barranquilla, no estaba el gerente y tomaron la razón de que los estábamos buscando, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Igualmente, llamamos al director nacional de licitaciones de la firma y tampoco contestó.
