A Adriana Osorio le pareció que la mejor manera de hacer valer sus derechos como compradora que se sentía defraudada en un negocio para adquirir un carro era ir a la Liga de Consumidores de Medellín, pero lo paradójico fue que terminó denunciando a los abogados que la atendieron en esa entidad cuya misión es defender a ciudadanos que se sienten inermes en actos comerciales.
La historia que puso a esta jubilada de 59 años en mil vueltas por cerca de $30 millones que había casado para un negocio comenzó hace cerca de tres años; ya recuperó ese dinero pero devaluado y no logró que le devolvieran $2´100.000 que pagó por los gastos para una representación legal que según ella no fue eficaz porque a los abogados les faltó diligencia.
Según cuenta la señora Osorio, en 2020 pasaba por un centro comercial y los vendedores de un concesionario la convencieron de que se metiera en un plan “separe” para adquirir un vehículo, de esos que consisten en que al interesado lo incluyen en una lista de espera con otros aspirantes y van accediendo al crédito a medida que resultan favorecidos en un sorteo.
En su caso, ese momento le llegó en agosto de 2022. Le informaron que había sido beneficiada con el financiamiento pero pasaron dos cosas: que el Stepway de sus sueños había pasado de valer $53 millones a $83 millones, y que le dijeron que no podía hacer efectivo su derecho porque estaba reportada en una central de riesgos.
Lo curioso, según Carolina Gallego, su hija, fue que esa información ellas la habían dado en el momento inicial y les respondieron que no había problema, porque la transacción no era con un banco. Así, fuera de la cuota inicial de $2’613.000 alcanzaron a dar otras 38 cuotas de $721.000 para un total de $30’013.128.
Ahí fue cuando se dirigió a la Liga de Consumidores, atendiendo el consejo de una amiga, motivada por la publicidad que les hacen a las ligas de consumidores en el boletín que sale en televisión, y pensando que no cobraban por la atención.
Según la señora Osorio, el abogado Ignacio Esneider Jaramillo, quien funge como presidente de la Liga, le explicó que sí había un costo, aunque menor al que cobraban normalmente los abogados; que en este caso la tarifa eran $2’500.000, pero a ella, por ser la esposa de un amigo con el que él trabajó en la Personería, se lo iba a dejar en $2’100.000.
De acuerdo con la usuaria, también le explicó que el caso lo llevarían colegas de la misma oficina, los cuales harían la reclamación ante el concesionario y en la Superintendencia de Industria y comercio.
En ese momento ella pagó $1’100.000 en efectivo y en diciembre le consignó el resto, aun sin ver el primer resultado de la gestión, ante una petición de Jaramillo, porque supuestamente necesitaba pagar arriendo. En esa ocasión la familia pidió algún radicado que demostrara los avances en el proceso, pero este les habría dicho que no le gustaba revelar nada hasta que el juez no le entregara el fallo.
Posteriormente le habrían dicho que no había podido presentar la demanda. Alegaba que la razón era que las hijas no le habían mandado la historia clínica para demostrar que ella sufría de debilidad visual.
“Él me dijo que había ganado varios casos parecidos y pasaron dos años y no presentó ninguna reclamación. Yo iba casi a diario (a su oficina) y me decían que ya eso estaba en el juzgado; a lo último terminaron sacándome excusas raras y no me atendían. Al final, la secretaria le confesó a mi hija que ellos no habían presentado ninguna demanda”, dice la señora Osorio.
Después de eso, doña Adriana presentó la queja directamente ante la Superindustria y al poco tiempo la llamaron del almacén de carros para devolverle la plata, prácticamente completa aunque sin un solo peso por intereses o indexación al valor real.
Luego, le presentó un derecho de petición a Jaramillo y este le entregó la constancia de una reclamación ante la Súper, solo que la fecha era varios días posterior a la acción que ella había interpuesto ante la misma dependencia nacional. Por eso concluyó que ni Jaramillo ni los otros dos abogados que supuestamente intervinieron en el asunto habían ejecutado la labor por la que habían cobrado.
Se quejaron en la Personería y esta remitió el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la instancia de la Rama Judicial que recibe las quejas de supuestas malas prácticas de los abogados.
Esa instancia profirió el pasado 28 de noviembre un fallo inhibitorio que favoreció a Jaramillo y a sus socios Karina Rivas y Luis Humberto Guidales, es decir que se abstuvo de avanzar en el caso y por tanto de expresar una decisión de fondo. El motivo, en el caso de los dos primeros es que en el expediente enviado por la Personería no se allegaron documentos que demostraran una relación contractual con la clienta, y en el último fue que no se lo identificó de manera debida en la reclamación.
Fuera de eso, la magistrada que instruyó el caso explicó en la sentencia una situación bizarra: que el trámite para el cual la señora Osorio buscó a sus denunciados no requería ser abogado y por tanto no era claro si la presunta falla correspondió al ejercicio de su profesión.
Al buscar en la plataforma de la Rama Judicial, EL COLOMBIANO halló que, además de esta, Jaramillo ha tenido otras tres quejas ante la Comisión de Disciplina entre octubre de 2021 y el 26 de abril pasado; no obstante, al ser consultado por EL COLOMBIANO repitió varias veces lo exitosa que ha sido en la Liga, fundada por él, con más de 4.000 casos ganados en 15 años de existencia.
“No me desestabiliza que me denuncien en la Comisión porque también a uno lo exoneran de responsabilidad”, dijo.
Lo cierto es que hay por lo menos un caso en el que lo sancionaron en segunda instancia con dos meses sin poder ejercer, en octubre de 2022, ante una queja de un cliente que, de manera similar a la señora Osorio, alegó que lo contrató para tramitar un proceso de pertenencia y este “no inició la gestión encomendada”.
Al respecto, Jaramillo sostuvo que tiene demandada ante la Procuraduría y la misma Judicatura a la magistrada que falló en su contra porque, en su concepto, cometió fallas en el proceso.
Con relación al caso de la señora Osorio, afirmó que él actuó con diligencia porque independiente de la ansiedad de la clienta, el ritmo de las actuaciones de un abogado lo marcan son los tiempos procesales y todavía estaba dentro del término. Además, alegó que la razón para no haber interpuesto la demanda antes fue que las hijas de la señora Osorio se negaron a suministrarle la historia clínica que era la “prueba reina” de que ella era invidente y por tanto el contrato que firmó con el concesionario estaba viciado porque no se lo leyeron a viva voz.
“Yo se las pedía hasta la saciedad, porque con eso ganábamos derechos, pero ellas se mostraron displicentes y groseras, y optaron por presentar otra demanda”, explicó.
Así mismo, Jaramillo sostiene que si el concesionario le devolvió el dinero aun sin que hubiera un auto de la Superindustria que lo obligara, fue porque él lo amenazó con una demanda sustentada en el argumento de la debilidad visual de la usuaria. “Yo presumo que ellos vieron mis argumentos y por eso le devolvieron la plata”, recalcó.
La señora Osorio y sus hijas en cambio aseveran que este solo presentó la demanda cuando ellas le enviaron un derecho de petición pidiendo explicación de lo actuado y él no tenía nada para mostrar.
