A veces la “normatitis” que tiene Colombia deriva en que los funcionarios le saquen el cuerpo a decisiones urgentes, como la evacuación de un edificio con riesgo de desplome. Esta sería una de las conclusiones que queda después de conocer el drama de una familia dueña de algunos locales del sector conocido como Naranjal, al occidente de Medellín.
Resulta que el pasado 17 de octubre se presentó un fuerte incendio en este sector de la ciudad, conocido principalmente por el plan urbanístico fallido –que ya ajusta casi 10 años sin llevarse a cabo– pero también por ser una zona dedicada principalmente al bodegaje de reciclaje y al alquiler de habitaciones en inquilinatos.
El voraz fuego afectó a seis edificaciones, entre ellas dos bodegas de reciclaje, dos locales comerciales y dos inquilinatos que juntos sumaban algo más de 16 habitaciones, según el informe emitido por el Dagrd.
Dos predios, propiedad de una familia, resultaron tan afectados por la deflagración que el Dagrd ordenó su evacuación toda vez que no resultan seguros para sus habitantes.
Uno de los más afectados fue un inmueble hoy en día usado como inquilinato de tres niveles y 11 habitaciones, que actualmente tiene deformación y pérdida de verticalidad en la zona superior de los muros, presencia de hollín en los mismos, y el colapso de su cubierta posterior. Aún así, hoy en día sigue operando, según le comentaron los vecinos a EL COLOMBIANO.
A raíz de esta situación, el Dagrd envió las respectivas recomendaciones de evacuación a la inspección de Policía 11A del barrio La América “para que se garantice el cumplimiento de las evacuaciones y/o demoliciones, así como las recomendaciones dadas en el presente informe (...)”, se lee en el documento del Dagrd.
“Esos muros del inquilinato se mueven como si fuera un papel, el día que eso se caiga va a matar mucha gente”, comentó uno de los vecinos a este diario.
Sin embargo, acá comenzó el dolor de cabeza de la familia que quedó sometida a los vaivenes de las normas, pues a raíz de la tragedia se dieron cuenta que el inmueble arrendado a dos personas estaba siendo usado como inquilinato, pese a que la norma lo prohibe. Supuestamente allí viven 11 personas aunque según los vecinos pueden ser el doble de habitantes.
Los dos arrendatarios han manifestado que no piensan acatar la recomendación del Dagrd de abandonar el inmueble como se los pide la familia dueña.
De hecho, en enero pasado estas manifestaron en una diligencia de conciliación que no se retiraban del inmueble porque “además de tener en arriendo habitaciones, han invertido mucho dinero en mejoras del mismo”.
“Ellos se han negado a evacuar pese a lo que indica el Dagrd. Entonces, el problema es que si hay una falla estructural y hay personas muertas nos van a responsabilizar a nosotros aún si ellos se echan la culpa de todo. Con la conciliación esperábamos hacerlos entrar en razón. Pero nada”, apuntó uno de los miembros de la familia.
Aparte de la negativa de quienes manejan el inquilinato, otra “pata coja” agravó el asunto y es que pese al envío del informe a la Inspección de Policía 11A de la América, para el cumplimiento de la evacuación, esta se declaró incompetente para hacerlo pues según argumentó su inspector, no tenía potestad legal toda vez que este tipo de acciones las debe ordenar el alcalde de Medellín, según argumentó la entidad en un documento enviado al entonces alcalde (e) Óscar Hurtado el pasado 29 de noviembre.
“Los inspectores no tenemos competencia para ordenar evacuación ni demolición de un inmueble cuando esté en riesgo por un desastre, porque esos casos específicos los maneja el ente rector que en este caso es el Dagrd o el comité para atender el tema de desastres que es liderado por el alcalde. No es que sea pereza o no queramos hacer las cosas, lo que pasa es que solo podemos actuar en lo que la ley nos indica, sino estaríamos cayendo en el delito de prevaricato”, explicó el inspector de la 11A Gustavo Cano.
Ante esto, el 22 de diciembre pasado el exalcalde (e) Hurtado radicó en el Tribunal Administrativo de Antioquia un documento en el que manifestó un conflicto negativo de competencias para dirimir quien debía ordenar entonces la evacuación. En otras palabras, nadie asume el operativo de evacuación.
El Tribunal sopesó los argumentos de cada parte y aunque su sentencia se ocupa de futuras decisiones en esta materia, para lo que corresponde a este caso en particular indicó que según la ley –en materia de gestión del riesgo– a quien le corresponde ejecutar las políticas, actividades y gestiones de este resorte como desalojos y evacuaciones es principalmente al alcalde.
“Se reitera que la competencia para la emisión de toda orden de evacuación, demolición y reparación de inmuebles para la gestión del riesgo de desastres es solo del alcalde”, se lee en parte de la decisión del Tribunal emanada el pasado 2 de febrero, lo que es casi como un reinicio del caso.
Es decir, que ahora la decisión de la salida de los inquilinos recae en la administración de Federico Gutiérrez, toda vez que la Inspección se declaró impedida para dirimir el asunto entre los propietarios y los arrendatarios por el subarriendo y la aceptación de responsabilidades, ya que según explicó el inspector Cano, dicho vínculo está normado por el contrato de arrendamiento y la ley de alquiler de inmuebles.
“En caso de que no se pueda dirimir –porque nosotros no tenemos cabida allí– tendría que llevarse ante la Jurisdicción Civil (demandar ante un juez) para que esta resuelva. Eso suena muy legalista, pero nosotros debemos ceñirnos a la norma”, comentó.
Mientras tanto la familia afectada solo espera que las autoridades actúen pronto antes de que se haga realidad una tragedia anunciada.
“Yo me veo en una sin salida porque acudí ante las autoridades para hacer las cosas bien antes de que pase algo malo con esa gente y no veo quien responda. Ya hace ocho días se quemó otro local al frente del inquilinato. ¿Tiene que ocurrir entonces una tragedia para que se muevan?”, concluyeron.
