El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, decretó la intervención funcional excepcional sobre todos los ejercicios de vigilancia y control fiscal relacionados con el contrato 4600085185, el cual fue firmado en 2020 entre la Secretaría de Educación de Medellín y la Corporación Colombia Avanza para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el cual fue base para las imputaciones penales realizadas en febrero por la Fiscalía.
La intervención, reza en la resolución ordinaria 1467 del 31 de marzo, opera sobre todos los ejercicios de vigilancia y control que estaba adelantando la Contraloría General de Medellín, incluyendo auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.
La Contraloría tuvo en cuenta una queja hecha por la Veeduría Todos por Medellín en febrero de 2021 sobre el eventual sobrecosto en la ejecución del contrato 4600085185 de 2020 para la atención en la modalidad familiar de Buen Comienzo. Este contrato tuvo un valor final de $20.692 millones que debían invertirse en la prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad Entorno Familiar de Buen Comienzo.
Sobre este contrato se inició un proceso de responsabilidad fiscal e igualmente un proceso penal, sin embargo, indica la resolución, el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva informó el 15 de febrero de 2023 que el proceso de responsabilidad fiscal fue archivado.
La resolución de la Contraloría General de la República cita a la vocera de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, quien dijo que “con base en la información pública de la que dispone la Veeduría Todos por Medellín pueden identificarse algunos hechos indicativos que permiten inferir que entre la fecha en la que se comunicó la audiencia de formulación de imputación y el momento en el que esta se llevó a cabo, el proceso de responsabilidad fiscal se aceleró para que el archivo estuviera antes de la audiencia de formulación de imputación”, afirmando que “ni siquiera se recibieron las versiones libres que estaban programadas”.
Por eso la resolución de la Contraloría nacional justifica que “teniendo en cuenta la existencia de indicios que cuestionan la imparcialidad de la Contraloría General de Medellín (...) se autoriza el ejercicio de intervención funcional excepcional sobre todos los ejercicios de vigilancia y control fiscal”.
Este mismo contrato, al igual que el 4600085448 de 2020 para entregar paquetes alimentarios a población escolar, fueron insumo de la Fiscalía para imputar en febrero los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros a la exdirectora de Buen Comienzo, Lina Gil, la ahora exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y el exrepresentante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
Ambos contratos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y falta de idoneidad, según el ente acusador.
Ahora el conocimiento y trámite será asumido por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo en lo relativo a las indagaciones preliminares y a los procesos de responsabilidad fiscal que se asuman o surjan con ocasión de la presente intervención.
