El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló este martes que presentará ante la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) una propuesta con la que se busca congelar parcialmente las tarifas de servicios públicos.
Luego de varios días de silencio y de abstenerse de entregar detalles sobre ese proyecto, el mandatario local dijo ahora que el congelamiento sólo comprendería inicialmente el servicio de energía y su alcance geográfico se reduciría a los usuarios ubicados en el departamento de Antioquia.
Bajo ese panorama, pese a lo expresado por el mandatario semanas atrás, en la reunión de este martes no se abordaría qué pasaría con los servicios de acueducto, alcantarillado y gas.
Según aseguró Quintero, el mecanismo que se evaluará este martes ya habría sido presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos, que lo habría considerado “viable”, según plasmó la Alcaldía en un comunicado de prensa.
Pese a la incertidumbre por los impactos que ese congelamiento podría traer para las finanzas de EPM, la Alcaldía omitió en su pronunciamiento entregar cifras sobre el costo de la medida y las estrategias para sortear las repercusiones que podría tener sobre la compañía pública antioqueña.
El anuncio de Quintero se produce luego de que el pasado viernes 19 de mayo, tanto él como el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, informaran que la Junta Directiva de EPM discutiría un proyecto para congelar los servicios públicos.
Aunque dicho tema quedó consignado en el orden del día de aquella sesión, en el que incluso se especificaba que la propuesta sería presentada por las vicepresidencias de Finanzas e Inversiones y Gestión de Negocios de EPM, hacia el final de la jornada no se hizo ningún anuncio y la compañía se limitó a informar que el tema no se había discutido.
Al margen de esa situación, cabe recordar que la reaparición de ese proyecto en la agenda pública ha despertado múltiples interrogantes sobre varios frentes, sobre todo por la situación financiera por la que atraviesa EPM y por el mecanismo que sería utilizado para lograr el congelamiento.
Desde el punto de vista político, el proyecto también aparece luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación preliminar para determinar si la Alcaldía habría incurrido en un detrimento patrimonial por cuenta 250 pasacalles que fueron instalados en varios puntos de la ciudad dando como un hecho ese congelamiento, pese a que los poderes del alcalde no le permiten interferir en las funciones de los organismos nacionales que regulan los servicios públicos.
“El Ministerio Público verifica la información en los medios de comunicación, en el que se asegura que funcionarios de la alcaldía desarrollaron una estrategia de comunicaciones, por aproximadamente $73 millones, en la que menciona la gestión del administrador de la ciudad en varios puntos de la ciudad, puesto que al parecer el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, informó la Procuraduría en un comunicado de prensa el pasado sábado 13 de mayo.
Cabe recordar que de acuerdo con la normatividad vigente, en Colombia los únicos entes autorizados para intervenir las tarifas de servicios públicos son las comisiones de regulación de Energía (Creg) y Agua (Cra), cuyas funciones intentó incluso centralizar el presidente Gustavo Petro a comienzos de ese año, siendo luego frenado en seco por un fallo del Consejo de Estado.
Por ahora, EPM se abstiene de informar en qué consistiría el mecanismo que estaría evaluando.
