El bloque Las Malvinas de la Plaza Mayorista luce como para una fiesta. Parece un carnaval de colores con sus naranjas y mandarinas, las papayas, bananos, piñas, uvas, gulupas y sandías. Con las uvas, y uchuvas y zapotes; con los tomates, pimentones, ajíes, repollos y aguacates; con la coliflor, los plátanos, el brócoli y la zanahoria.
La lista es interminable porque lo que no se encuentra en este espacio de 3.661 metros cuadrados es porque no existe o porque no está exhibido pero se puede pedir por encargo.
Martes y jueves son especialmente ricos en colores y sabores, y profusos en clientela porque son los días en que llega el surtido fresco desde las fincas donde se produce la comida que consumimos los medellinenses y en general los habitantes del Valle de Aburrá.
El ambiente rebosa de felicidad, diría uno como visitante desprevenido, pero quienes a diario lidian en esta bodega que con sus cubículos repletos parece un barrio céntrico de una microciudad (la Mayorista tiene casi 29 hectáreas), aseguran como las tías de antaño que la procesión va por dentro y que así como en las urbes existe el desplazamiento intraurbano, acá también se han tenido que ir alrededor del 50% de los moradores antiguos. Y la razón serían los precios de los arriendos astronómicos que se los están comiendo.
Diana Gómez, a quien allí nadie llama por su nombre sino por el apodo de “la mona” -el tono de piel y el cabello lo explican- atiende en los locales 133 y 226, que quedan uno frente al otro y vende desde huevitos de codorniz hasta quesos y champiñones, pasando por una infinidad de delicias.
Parece boyante, pero según ella, prácticamente trabaja para pagar el alquiler y los trabajadores, pues solo por el primer concepto se le van $6’600.000 mensuales, y eso que los espacios miden cada uno apenas 3x3 metros. La opción, añade, no es subirles a los productos porque los clientes se irían para la Plaza Minorista o para otras partes.
Un vecino, Conrado Ramírez, dice que su canon está en $2,5 millones por cada uno de los locales que tiene unidos para su frutería.
Todos aseguran que la raíz de sus problemas es la especie de triangulación en el contrato de manejo que actualmente rige el bloque. Por esta razón, tan pronto como se posesionaron los nuevos alcaldes, los afectados gestionaron con algunos aliados políticos para que 13 de los 15 concejales de Itagüí le mandaran una carta al alcalde Federico Gutiérrez pidiéndole que deje sin vigencia ese documento.
Palabras más, palabras menos, haciendo eco de las quejas de los comerciantes, los corporados califican el negocio que se hizo con el Bloque 27 como “inescrupuloso y corrupto”, al tiempo que solicitan revisar lo que estaría sucediendo allí y “devolverla a los comerciantes en condiciones justas y precios equitativos para la gente”.
A estas alturas es pertinente hacer un poco de historia para recordar que Las Malvinas figuraba como propiedad de Empresas Varias de Medellín –hoy Emvarias- pero esta la transfirió al Municipio de Medellín –actualmente Distrito Especial de Ciencia y Tecnología- en 2013. En ese tiempo Conrado, según recuerda, pagaba cerca de un millón de pesos pero por un lugar mucho más grande que la suma de los locales actuales y la Mona, de 600.000 a 700.000 pesos. Pero luego vino el incendio de 2017 que obligó a cerrar Las Malvinas y a que se ubicaran en las afueras mientras reconstruyeron con plata de la Alcaldía y de la copropiedad de La Mayorista.
Tras la reapertura, bajo la administración de Daniel Quintero, en diciembre de 2020, todo cambió. Los cerca de 400 comerciantes encontraron unas instalaciones nuevas, pero también condiciones más onerosas porque la Secretaría de Servicios y Suministros de entonces le dio el manejo de Las Malvinas a la administración de La Mayorista y esta a su vez se lo traspasó a Arrendamientos La Mota, una inmobiliaria que, según se demostró en una investigación de EL COLOMBIANO, tenía vínculos con sectores dominantes en la plaza, así como en Itagüí y con la administración de Medellín.
Para la muestra, solo un elemento entre otros tantos: Ana Camila Salazar, quien fue secretaria de Gestión Humana en Medellín entre enero de 2020 y agosto de 2021, antes de eso había trabajado con el alcalde León Mario Bedoya en Itagüí, pero no solo eso sino que había sido asesora de La Mota y es esposa de Alejandro Garcés, el hijo del dueño y a su vez, según versiones, cercano a Juan David Quintero, el hermano del exalcalde Quintero.
Mientras que en los diez años que dura el contrato el ingreso para el Distrito serían poco más de 23.500 millones en pesos constantes de 2020, La Mota puede recibir hasta más de 67.000 millones.
Una de las explicaciones que les dio la inmobiliaria a los comerciantes para la suba fueron los gastos en que incurrió en la infraestructura más el 19% de IVA que deben reconocerle a la Dian, pero ahora que se están quejando porque no les dan factura electrónica, les han dicho, según testimonios, que les tendrían que añadir al valor actual de ese gravamen. ¿Evasión de impuestos?
Por ahora, las directivas de Mayorista, que recibieron una copia de la carta que le llegó a la alcaldía de Medellín, les pidió a los concejales de Itagüí que se retracten por considerar que no es cierto lo que dicen, al tiempo que defienden el manejo de Las Malvinas como un modelo tan exitoso que ya se ha replicado en otras partes.
Este diario trató de hablar con ellos pero dijeron que su explicación estaba en la petición de rectificar, en la cual aseguran que todo se ha hecho conforme a la ley. También buscamos la reacción de La Mota, pero hasta esta edición no había recibido respuesta.
Por su parte, el secretario de Servicios y Suministros, Esteban Ramírez, informó que tras la comunicación de los corporados de Itagüí, comenzó a revisar las denuncias que hacen allí, lo mismo que el contrato firmado en la administración Quintero, su ejecución y el funcionamiento actual de Las Malvinas, “de tal forma que, en caso de ser necesario, podamos tomar los correctivos y acciones pertinentes, para mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros, que puedan derivarse de las actuaciones del arrendatario y que estén por fuera del marco legal”.
