Desde 2021 hasta hoy, 70 colegios en Medellín presentaron algún tipo de emergencia por cuenta de daños de infraestructura. Desde casos graves y de amplia difusión como el ocurrido el miércoles pasado en la Institución Educativa Doce de Octubre, cuando la caída de un techo dejó 16 estudiantes lesionados, hasta dramas silenciosos de cientos de estudiantes en las comunas 5, 6, 10 y 13 de alumnos desescolarizados por cierres forzosos de sus sedes educativas al representar serias amenazas contra la integridad de jóvenes y docentes.
Cada día y cada aguacero imponen la zozobra y una serie de riesgos para los estudiantes de los 398 establecimientos educativos que siguen a la espera de que la intervención prometida por la Alcaldía con recursos de vigencias futuras se haga realidad.
El 17 de agosto pasado, a pesar de varios reparos, el Concejo le aprobó a la administración de Daniel Quintero unas vigencias futuras por $319.000 millones para intervenir de fondo el 95 por ciento de los establecimientos educativos de la ciudad. En ese momento, tanto el alcalde como su secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, manifestaron que la solución a la crisis de infraestructura en los colegios públicos de la ciudad no daba espera y que la ejecución de las obras era perentoria.
Estudiantes, padres de familia y rectores celebraron el anuncio. Pero con lo que no fue clara la Alcaldía fue con la minucia de la burocracia y papelería que tiene a los colegios siete meses después en la misma incertidumbre, pegados de todos los santos para que en cualquier momento de la jornada escolar no ocurra lo que pasó en el Doce de Octubre.
Pero estos temores los expresan los directivos en voz baja. Después de la emergencia en el Doce de Octubre, EL COLOMBIANO quiso hacer un recorrido por varios colegios priorizados para intervenirlos pero la respuesta común en varias instituciones fue una negativa de los rectores para permitir el ingreso a hacer registro fotográfico de los daños estructurales que los agobian.
Pidiendo la reserva de sus nombres y el de sus instituciones, dijeron sentirse constreñidos por la Secretaría de Educación o por la jefatura de núcleo, temiendo que al visibilizar sus problemáticas la Alcaldía les embolate las citas y los trámites que ya vienen adelantando la EDU previo al inicio de obras o los dejen al final de la cola.
En otros establecimientos el panorama es un poco más alentador porque al menos la solución está en trámite. Es el caso de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, uno de los pacientes más críticos que se quedó esperando la promesa de una reconstrucción total como parte del plan de Alianzas Público Privadas para Infraestructura Educativa, liderado por el Ministerio de Educación. Este no solo no llegó sino que lo privó de unas obras de mitigación que habrían evitado el profundo deterioro que hoy arrastra con hundimientos de suelos, grietas por todos lados, paredes y techos endebles y un sistema de acueducto y alcantarillado podrido.
El miércoles pasado la Secretaría de Educación citó al rector Ignacio Gutiérrez Piedrahíta para informarle que ya está listo el proceso contractual y que la próxima semana arrancan las visitas de los ingenieros, a la par que las directivas deberán socializar los detalles del proyecto con los padres de familia.
El anhelado cambio del Marco Fidel Suárez se hará en dos etapas, explica Gutiérrez. Este año debe quedar lista la modernización total del sistema de acueducto y alcantarillado, el cambio de pisos y el de techos con impermeabilización a bordo. En el colegio, una de las instituciones educativas más emblemáticas del departamento, todavía hay techos de asbesto. De manera que esta primera intervención debe poner fin al flagelo de la humedad y hongos con los que varias generaciones de estudiantes tuvieron que convivir día a día.
En 2024, la inversión destinada para el Marco Fidel es de $14.000 millones y deberá quedar completa con el arreglo de salones y obra blanca. Lo que piden los estudiantes del Marco Fidel, quienes han asumido una posición muy crítica ante la situación de su colegio, es que la Alcaldía honre los compromisos que ya adquirió y que ahora que ya recibieron luz verde para salvar su institución no reciban nuevas decepciones.
Por ahora, la única solución palpable para 149 sedes educativas, mientras esperan noticias de la EDU para las intervenciones de fondo, son los arreglos de urgencia que adelantó la Alcaldía durante el año pasado en los establecimientos cuyo deterioro implicaba graves amenazas contra su comunidad educativa.
En la Javiera Londoño, en el barrio Boston, donde en mayo de 2022 un estudiante resultó herido tras caerle parte de un techo en la cabeza, los arreglos de urgencia ejecutados el año pasado le devolvieron parte de la tranquilidad a sus 1.600 estudiantes, pues el arreglo de techos en el ala más afectada del colegio generó un caos que los obligó a operar a una doble jornada para la que no estaban preparados.
Ajeno a los entuertos y las minucias contractuales –pues en la comunidad educativa no está claro si la interventoría ya le recibió la obra al contratista– el rector Alfonso Guarín habilitó los siete salones del ala intervenida tan pronto estuvieron en condiciones dignas. “Prima el derecho de los niños y jóvenes a la educación. Eso no es negociable y no conoce de arandelas políticas”, apunta.
En la Javiera esperan que los poco más de $1.100 millones sean suficientes para garantizar el futuro de uno de los colegios más reputados y con mejor desempeño en el departamento. Esperan que la Alcaldía les apruebe las prioridades que le van a plantear: cambio de cubiertas de todo el sistema eléctrico y la reconstrucción del patio, un minúsculo rectángulo de cemento que al quedar por debajo del nivel de la quebrada Santa Elena termina convertido en una piscina cuando llueve.
Pero la foto panorámica de esta intervención a gran escala de los colegios públicos sigue borrosa. La ejecución de obras de los 31 colegios que requieren mantenimiento integral estaba programada para comenzar en enero pasado, pero ya va colgado. Según información publicada por el concejal Alfredo Ramos, solo a partir de julio de este año comenzarán en firme las intervenciones. Es decir, casi un año después de la aprobación de las vigencias futuras.
Tras la emergencia en el Doce de Octubre, el alcalde Quintero salió a trinar. “Tres años luchando contra la burocracia y nada. Equipo, máximo la otra semana deben iniciar obras de los 410 colegios públicos de Medellín”, escribió.
El secretario de Educación, Juan David Agudelo, le respondió que la dependencia se reunirá con la EDU para agilizar trámites y aseguró que la primera obra la iniciará la próxima semana.
Les tocará sobreponerse a su propia burocracia, pues lo que expresan algunos directivos es que, entre la poca información que les han compartido, han conocido varias dificultades de la EDU para diligenciar la parte jurídica y técnica y para coordinar con los colegios los comités de veeduría de las obras, cronogramas y detalles técnicos. Los casi 400.000 estudiantes que conviven con muros y techos podridos, con salones y baños indignos y espacios inadecuados para su esparcimiento y formación, esperan que de los trinos pasen a la maquinaria en acción.
