De manera similar al carrusel de la contratación de Samuel Moreno y su hermano Iván en Bogotá —guardadas las proporciones— Medellín también estaría padeciendo un tipo de cartelización similar que se lleva una tajada importante de la contratación del Distrito, según denunció la veeduría Todos por Medellín. En la capital de la República, los contratos fraudulentos con las empresas del grupo Nule comprometieron recursos cercanos a los $2,2 billones, en tanto que en la capital antioqueña nadie ha dado todavía un monto de la cifra total que estaría en juego.
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Sin embargo, este miércoles, la directora de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, presentó un informe donde mostró el modus operandi de ese entramado local, a partir de una muestra que partió de observar la contratación que se hizo a través de Metroparques mediante contratos interadministrativos.
Bajo esa modalidad que se ha naturalizado en la administración de Daniel Quintero –como una forma de soslayar la Ley 80 y las demás normas de contratación que mandan privilegiar las licitaciones públicas sobre la contratación por vía directa– la dependencia que debería tener como función principal administrar los parques de la ciudad manejó más de $397.000 millones entre los años 2020 y 2023, que fue el periodo de corte del estudio de Todos por Medellín. Y el 98,4% de ese monto, es decir más de $390.000 millones, corresponden a recursos que provienen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Inder y diferentes secretarías del Distrito.
Por las posibles irregularidades halladas en la presunta cartelización, la veeduría instauró el martes pasado una denuncia administrativa en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que es el ente encargado de castigar las conductas contra la libre competencia, pero el caso también podría tener connotaciones penales por estar comprometidos recurso del erario y entidades públicas. También lo hizo ante la Fiscalía General de la Nación.
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La veeduría se centró en 40 contratos interadministrativos que sumaron $268.000 millones, sin considerar las adiciones, y entre ellos pudo comprobar, de acuerdo con Restrepo, que $120.000 millones (44%) fueron entregados a 22 empresas, entre las cuales hay viejas conocidas por denuncias realizadas por EL COLOMBIANO a partir, muchas veces, de la comunicación de lectores.
Denuncia ciudadana
La indagación de Todos por Medellín también comenzó por las quejas que presentaron ciudadanos preocupados y que llamaron a la “Línea de la Confianza” y tras realizar un meticuloso seguimiento hallaron varios indicios sospechosos que ya pusieron en conocimiento de las autoridades: 112 firmas no registran obligaciones con el sector financiero, lo cual sería extraño dentro de la generalidad del sector empresarial, 25 presentaron rentabilidades superiores al promedio de su sector y en 29 hubo crecimientos exponenciales de esos ingresos.
Fuera de eso, tres han tenido embargos (y aun así las invitaban a participar en concursos para llevarse contratos) y 15 no contaban con activos para soportar la actividad que contrataron, lo cual indicaría que su fin era servir de intermediarias y que todo o buena parte lo subcontrataban, originando sobrecostos.
Cuatro de las compañías presentaron estados financieros diferentes en un mismo lapso, lo que haría pensar en que manipulaban la información de acuerdo con las necesidades de la ocasión.
En 15 se observaron movimientos inusuales en el patrimonio y cinco empresas son de reciente constitución (creadas entre octubre de 2019 y febrero de 2022) por lo cual no podrían mostrar un historial que las haga competitivas frente a otras en un concurso que no esté viciado.
“Acá, a diferencia de la cartelización, que normalmente se da en el sector privado para engañar a los funcionarios, habría un acuerdo tácito entre servidores públicos y contratistas”, recalcó la directora de Todos por Medellín, quien habla no de varios carteles sino de un solo cartel, porque este obedecería a una misma lógica, un mecanismo idéntico y una misma coordinación. Todo comenzaría con la decisión de instancias de la Alcaldía, el Inder y el AMVA para contratar a través de Metroparques y esta a su vez tendría un grupo de empresas “favoritas”.
Por esa razón, la denuncia ante la SIC menciona a varios funcionarios de alto nivel, incluidos secretarios como los de la No Violencia, Seguridad y Convivencia, Cultura, e Inclusión Social, lo mismo que el exdirector de Buen Comienzo, Hugo Díaz –hoy candidato a la alcaldía de Bello-; los gerentes de Metroparques; directores del Inder y varios directivos del Área Metropolitana. En el caso ante la Fiscalía, es incluido el alcalde Quintero, por ser el nominador de los funcionarios y quien traza las directrices de la administración.
¿Ocho redes corruptas?
De manera complementaria, Todos por Medellín detectó ocho redes o grupos de contratistas que han tenido afinidades y que se conjugan para contratar cosas como el mantenimiento del Parque de las Aguas; la construcción y mantenimiento de escenarios deportivos; el desyerbe y manejo de zonas verdes, campañas de prevención; eventos culturales y otros certámenes del Presupuesto Participativo (PP); logística; suministro de alimentos, y mantenimiento de infraestructuras (ver gráfico).
Entre ellas se evidenciarían presuntas anomalías a la luz de los 16 patrones con los que la SIC identifica una posible colusión, un término que la Real Academia de la Lengua define como “pacto ilícito en daño de tercero”.
Hay casos, por ejemplo, en que usarían “empresas instrumento” con falsa idoneidad y que solo buscan “hacer bulto” para aparentar pluralidad en el concurso. En otros, los socios o directivos tienen afinidades familiares y las ocultan; se certifican experiencia entre ellas, o al que pierde luego lo contratan para la interventoría, de manera de que no se garantiza una supervisión objetiva para la defensa del dinero de los contribuyentes.
En ocasiones también aparentan no tener nada que ver, pero en realidad hacen parte de holdings o grupos empresariales; manipulan los datos sobre experiencia o los estados financieros; en ese ítem, presenta el caso concreto de Cyan Eventos y Logística, que tendría varios documentos de esa naturaleza que dan cuenta de sus resultados en el año 2020 (ver facsímiles).
No faltan los casos tampoco en que el perdedor resulta subcontratado por quien logra el contrato y, tal vez lo que resultaría más vergonzoso es que, según indicios en poder de la veeduría, en varias ocasiones Metroparques habría manipulado las condiciones para favorecer a alguna de las 22 empresas del cartel.
“Estamos frente a una cartelización, es decir, prácticas ilícitas que tienen por objeto o efecto anular la competencia, repartirse el mercado mediante la rotación de los contratos y fijar precios por fuera de las condiciones del mercado”, recalcó.
El punto de partida que le habría dado vía libre a la posibilidad de que todo esto se diera dentro de un ropaje de legalidad, según Todos por Medellín, fue el cambio en los estatutos de Metroparques para la modificación de su objeto, pasando de ser solo un manejador de los parques y espacios públicos de Medellín a poder actuar como intermediario para la administración de recursos públicos en actividades logísticas y de infraestructura. Ese paso, recuerda una fuente, lo dio en una junta de junio de 2020, donde estuvo Esteban Restrepo como delegado principal del alcalde Quintero y quien actualmente es candidato a la Gobernación de Antioquia.
“Las grandes víctimas de este cartel son los ciudadanos que hoy padecen zonas verdes en mal estado, parques recreativos con mantenimiento precario, atención indigna en Presupuesto Participativo y altos sobrecostos para la prestación de diversos bienes y servicios”, puntualizó la veeduría.
ESTA ES LA ENTIDAD QUE HIZO LA DENUNCIA
Todos por Medellín, la entidad que realizó el informe sobre cartelización en el Distrito, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en agosto de 2020 para promover la participación ciudadana. “Nuestro interés último es fortalecer la democracia participativa”, explica su directora, Piedad Restrepo.
Así, se ha convertido en un actor escuchado en el valle de Aburrá, que le ha puesto el ojo al desempeño de la alcaldía de Daniel Quintero, al punto de que en la actualidad suma 17 denuncias en la Fiscalía (si se cuenta la más reciente, presentada el martes) con relación a los manejos en el Distrito y más de 30 entidades descentralizadas del conglomerado municipal.
Entre los 52 socios de Todos por Medellín hay gremios económicos, organizaciones sociales y ciudadanos a título personal. Por ejemplo, están la Federación Antioqueña de ONG (Faong), Corporación Región, la cooperativa Confiar y Fundación Confiar; Andi, Comité Intergremial, ProAntioquia, Cámara de Comercio de Medellín, y otras cámaras de comercio. Todos tienen un peso similar en las decisiones.
Para el informe que presentó ayer, utilizó un equipo de expertas, entre abogadas especialistas en derecho comercial y societario; derecho público, constitucional y administrativo, y penal. También se apoyó en otros profesionales que hicieron trabajo de campo.
