La Alcaldía de Medellín, acompañada por la Fuerza Pública, adelantó este miércoles 14 de mayo un operativo para demoler las casas restantes ubicadas en zona de riesgo aledañas a la quebrada Altavista, luego de que tras las emergencias ocurridas desde el pasado mes de abril se hicieran otros procedimientos de desalojo y demolición de las viviendas más afectadas y ordenara evacuaciones para las otras casas construidas irregularmente en la zona.
Hay que recordar que el pasado 28 de abril, el desbordamiento de la quebrada debido a las fuertes lluvias se llevó siete casas y dejó graves afectaciones en otras 36 viviendas, con un total de al menos 130 damnificados, según el censo que hizo la alcaldía en ese momento en el sector conocido como Mano de Dios.
Tras la emergencia, la alcaldía impartió órdenes de demolición para las casas que quedaron en condición inhabitable y aseguró que adelantó censos y caracterización a las familias afectadas para ofrecerles soluciones por parte de varias entidades del Distrito.
La alcaldía de Federico Gutiérrez aseguró que “sensibilizó” a más de 500 personas con equipos psicosociales pertenecientes al componente “Construye bien” y que logró visitar 150 viviendas, intentando convencer a las familias sobre los riesgos inminentes que enfrentan al ocupar una zona de influencia de la quebrada. También manifestó que las órdenes de evacuación en la zona responden al riesgo crítico de colapso estructural, que, además, fueron levantadas de manera irregular en el margen de retiro de la quebrada, constituyendo una violación a la normativa.
Sin embargo, entre la comunidad dicen otra cosa. Por un lado, reconocen que evidentemente se encuentran en zona de riesgo, pero aseguran que la alcaldía ha cometido atropellos en medio de los procedimientos y que, lo más grave, es que está “tumbando casas sin ofrecer solución alguna”.
Alejandro Vargas, uno de los afectados de las demoliciones de este miércoles, contó que por lo menos 500 personas están en el limbo después de las demoliciones, colapsos y órdenes de evacuaciones. Aseguró que la comunidad ha sido violentada por parte de los funcionarios de la alcaldía y la fuerza pública y rechazó las estigmatizaciones sufridas señalando que son familias que llevan décadas en la zona y que han autogestionado su barrio en medio de las carencias, sin ayuda del Estado, y que por eso ahora no puede solo aparecer para destruir sus viviendas.
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“Yo vivo hace 20 años acá, mi mamá vive acá desde hace 60 años, todas estas casitas están levantadas con mucho esfuerzo, y acá vienen militares, funcionarios, maquinaria amarilla a atropellarnos. Nadie nos ofrece nada. Sí es verdad que hay un montón de entidades, el Isvimed y otras, pero vengan acá para que confirmen que no mentimos, no nos están ofreciendo nada, nos están dejando en la calle. En mi familia somos siete personas que no sabemos qué va a pasar con nosotros”, narró.
Otro afectado narró que previo a la demolición la alcaldía los reunió para ofrecerles albergue por 15 días y posteriormente $591.000 pesos para, según la alcaldía, pagar un mes de arriendo. Después de ese tiempo, manifestó el hombre, les dijeron que tenían que adelantar una serie de trámites si querían intentar ser beneficiarios de otros dos meses de arriendo, es decir, tres en total en el mejor de los casos. “Pero eso es inviable. Aquí hay personas desempleadas, hay niños estudiando, hay mujeres recién paridas, en embarazo, ancianos. No nos parece que sea como han hecho, que llegue la policía a ultrajarnos”, apuntó.
También pidió a la alcaldía que en lugar de convertirlos en “habitantes de calle”, les ayude con las obras de mitigación que la propia comunidad quiere gestionar, como la construcción de gaviones en el margen de la quebrada.
La situación en Altavista, y concretamente en sectores como Mano de Dios y San Vicente, han sido objeto de debates en el Concejo de Medellín desde hace semanas. La concejal Claudia Carrasquilla pidió incluso valorar la posibilidad de militarizar la zona si no se lograba efectuar las evacuaciones. Pero otros corporados como José Luis Marín rechazaron propuestas y posturas como esta calificándolas de revictimizantes.
El concejal le pidió a la alcaldía Gutiérrez que el tiempo que realiza el necesario control urbanístico en una zona de alto riesgo le garantice totalmente el derecho a la vivienda y hábitat digna a los habitantes de la zona y reformule la política que ha adelantado en gran parte de las comunas de la ciudad de acciones punitivas y desalojo en zonas de construcción irregular.
En zonas como Mano de Dios habitan personas desplazadas víctimas del conflicto armado y ahora también víctimas de desplazamiento climático, por lo que en la comunidad le piden al Distrito soluciones más allá de la maquinaria amarilla y que informe con claridad cuántos recursos de esos $63.000 millones que le acabó de aprobar el presupuesto para enfrentar la crisis climática irán destinados a ofrecer vivienda digna, reubicaciones definitivas y obras de adaptación de los territorios en riesgo habitados por miles de familias.
