La alcaldía de Daniel Quintero reconoció ante el Concejo de Medellín que no realizará intervenciones urbanísticas de fondo en Moravia, lo cual implica, entre otras cosas, que no tomará las medidas correspondientes para dar cumplimiento al fallo del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín que le ordenó desde el 26 de enero de 2022 adelantar un censo de los pobladores del morro de Moravia, caracterizarlos y asegurarles su inclusión en programas de vivienda para garantizar su derecho a un hábitat digno al salir del morro que hoy habitan.
La posición de la Alcaldía quedó fijada durante la comisión accidental del pasado viernes en el Concejo sobre la política de Protección a Moradores. Allí, la administración distrital anunció que no adelantará acción alguna para ejecutar el Plan Parcial de Moravia que quedó establecido por decreto en 2018, y lo calificó como inviable e inejecutable.
“Le tocará a la próxima administración escuchar a los moravitas y en el marco de una posible revisión del POT de mediano plazo concertar nuevos instrumentos de planificación que propendan porque la gente se quede en su territorio”, fueron las palabras de Jasblleidy Pirazán García, directora del Departamento Administrativo de Planeación, quien señaló que la decisión de la Alcaldía se sustenta en la Política de Protección a Moradores, la cual busca que no se desplace a las comunidades de su territorio de arraigo.
Aunque la problemática social y urbanística en el morro de Moravia se agudizó en abril de 2021, la verdadera génesis del conflicto se remonta hace una década.
Una vez que la administración municipal del momento dio por concluida la reubicación de 1.700 pobladores del morro en los proyectos Álamo, la Herradura y Nuevo Occidente, 150 familias censadas quedaron a la espera de que les entregaran una vivienda del proyecto Mirador de Moravia, el cual nunca se construyó, aunque la resolución 176 de 2015 así lo exigía.
La inconformidad siempre estuvo latente y la crisis social y económica en pandemia fue la excusa para que muchas de estas familias volvieran a copar el morro, junto con decenas de familias que se asentaron en este sector que se había convertido en un símbolo de recuperación urbana y ambiental.
Sin cumplimiento tras siete años, la conformación de estas familias cambió y muchos de los censados, que para entonces eran menores de edad, crecieron y formaron en estos años sus propias familias y terminaron por montar sus casas en el morro, un lugar al que dicen pertenecer a falta de una solución de vivienda digna que nunca les llegó.
Pero no son los únicos que llegaron a copar nuevamente los 35.000 metros cuadrados que pasó de tener el emblemático jardín a cientos de ranchos y hasta casas de material.
Habitantes tradicionales y organizaciones como la Mesa de Concertación del Morro de Moravia piden que no se le eche toda la responsabilidad de la reocupación del lugar a estas familias sino que entiendan este fenómeno como una consecuencia de los incumplimientos sistemáticos de varias administraciones, incluyendo la del alcalde Daniel Quintero.
Y es que el actual gobierno permitió la ocupación al no ejercer ningún tipo de control ni diálogo, para luego optar por la vía de la confrontación, en noviembre de 2021, con un desalojo que no cumplía con los parámetros de derechos humanos, por lo cual el mismo juzgado ordenó, ese mismo 3 de noviembre, la suspensión del desalojo ante la tutela radicada por la líder Vanessa Álvarez.
De esa misma orden del juzgado Octavo emana el fallo que se ratificó en segunda instancia el 26 de enero de 2022 luego de que la Alcaldía impugnara la decisión de la justicia de caracterizar a la totalidad de la población asentada en el morro y garantizarles su inclusión en los programas de vivienda distritales.
La administración de Quintero, entonces, da por concluida su actuación frente a la problemática en Moravia y le ‘hereda’ el conflicto a la próxima administración, que tendrá que hacer con el tiempo en contra lo que esta alcaldía no hizo en más de tres años, y es garantizar la recuperación de un lugar que no puede ser habitado por el alto riesgo que persiste por la presencia de elementos químicos y gases tóxicos como el ácido sulfúrico y cianuro de hidrógeno y metales pesados como el plomo, el cadmio y el plomo, así como la amenaza latente de movimientos en masa e incendios o explosiones.
