El alcalde Daniel Quintero emprendió hace poco un plan de choque para acabar los problemas de aseo público, huecos y otras crisis que la ciudad vive desde que empezó él mismo a gobernar; problemas que no fueron atendidos en su momento porque la misma administración entregó los contratos —muchas veces— a manos inexpertas.
La promocionada estrategia no solo ha llamado la atención por estar acompañada de un robusto despliegue de pasacalles, volantes y consejos de gobierno descentralizados (transmitidos en vivo por la televisión local), sino por encajar con los temas que más cuestionamientos le han costado a la administración distrital, en su mayoría asociados a señalamientos de negligencia que se remontan al inicio del cuatrienio. Y un detalle que no es menor: todo sucede en tiempo de campaña, cuando el alcalde mueve intenciones en varios candidatos.
En un veloz giro discursivo, el gobierno local se ha embarcado en una cruzada para intervenir muchos de los lunares que más le han costado en los indicadores de aprobación ciudadana, promocionándolos ahora como una estrategia sin precedentes.
Una idea con antecedentes
Pese a cobrar fuerza recientemente, la expresión “plan de choque” está lejos de ser una novedad en la administración Quintero. A pocos meses de iniciar su gobierno, a principios de marzo 2020, una de las primeras estrategias de este tipo que fueron anunciadas fue el plan de choque para contrarrestar la emergencia climática por la mala calidad del aire.
En aquel momento, el alcalde Quintero encabezó una rueda de prensa en la que prometió proyectos y medidas como la “prohibición de las industrias a carbón en la ciudad”, la construcción de una ciclorruta en el sur, la realización de una “consulta popular por el derecho al aire libre” y hasta el traslado del aeropuerto Olaya Herrera, este último que terminó reduciéndose a un polémico proyecto de acuerdo en el Concejo con el que buscaba ampliar el objeto social de la entidad de ese mismo nombre.
Durante las últimos meses, la expresión ha vuelto a resurgir con una fuerza inusitada, no sólo de la mano de polémicas medidas como el cerramiento de la Plaza Botero (enmarcada en un plan de choque que también incluye al Parque Lleras), sino de una serie de planes territoriales anunciados para las comunas, en los que ya han sido incluidas la comuna 10 (La Candelaria), la Comuna 1 (Popular) y recientemente la comuna 15 (Guayabal).
Estas últimas estrategias comparten los mismos frentes: trabajos para tapar los huecos en las calles, mejoras en el servicio de aseo, mantenimiento de infraestructura educativa, reparaciones en centros de salud, entre otros.
Líos en las vías
En medio de ese panorama, las intervenciones viales son tal vez uno de los componentes que mejor ilustran el paisaje. Tal como quedó documentado en la última encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos, la insatisfacción por el estado de las calles viene cayendo progresivamente durante los últimos tres años.
Mientras en 2019, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el estado de las vías de su barrio era del 69%, en 2021 fue del 64% y en 2022 cayó al 55%, el indicador más bajo desde 2008, cuando ese indicador era del 63%.
Pese a que la Alcaldía de hoy sí admite la gravedad del problema, la historia era diferente en 2021. Tal como lo registró este diario en su edición del 20 de septiembre de ese año, las quejas por la situación de la malla vial venían en incremento, sobre todo por la demora del municipio en acudir a los huecos reportados y los problemas en la aplicación Huecosmed.
En respuesta a las preguntas de este diario, la entonces secretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego, defendió su gestión argumentando haber tapado más de 8.000 huecos desde 2020 y además advirtió que el presupuesto aprobado para el cuatrienio para esa labor era de $397.000 millones, el más alto en la historia de la ciudad (en el cuatrienio pasado había sido de $368.000 millones).
Además de poner el espejo retrovisor y calificar de insuficiente la gestión del gobierno anterior, Urrego añadió que los problemas climáticos y el incremento del parque automotor eran factores que incidían y no podían atribuirse a la administración municipal.
En marzo pasado, el alcalde relanzó los trabajos de mantenimiento no solo volviendo a poner ese espejo retrovisor, sino anunciando más recursos, pese a las declaraciones dadas por su exfuncionaria un año y medio atrás.
“Recibí la ciudad con la infraestructura muy deteriorada, pero como alcalde voy a ser el primero en mucho tiempo que va a dejar a la ciudad sin un solo hueco”, dijo, añadiendo que se firmaría un nuevo contrato de reparación vial por $80.000 millones.
Las deudas en las basuras
El aseo es otro de los componentes de los promocionados planes, cuya crisis ha sido también uno de los principales dolores de cabeza del gobierno durante los últimos tres años.
Cabe recordar que, al menos desde agosto de 2021, las quejas por las fallas en el servicio de recolección de basuras comenzaron a multiplicarse por varios rincones de la ciudad, especialmente en los barrios Santa Fe, Trinidad, Campo Amor, Cristo Rey, Prado, Moravia, entre otros, en los que los vecinos denunciaron graves retrasos en el paso de las rutas de recolección.
Al igual que la exsecretaria de Infraestructura, el entonces gerente de Emvarias, Alejandro Gallego Hernández (que saltó de ese cargo a la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de EPM en medio de críticas), negó tajantemente el problema.
“Ningún lugar de Medellín se queda menos de un día sin que pasemos a hacer la recolección de residuos clandestinos”, sostuvo Gallego en una rueda de prensa, en la que también acusó a las alcaldías pasadas de dejarle problemas y hasta aludió indirectamente a un supuesto plan de sabotaje por vándalos que buscarían deteriorar la imagen del gobierno local.
En aquel agosto de 2021, Gallego anunció un plan de choque que incluía operativos con la policía y una reapertura de varios centros de acopio que habían sido clausurados. Así mismo, la empresa emprendió un proceso de modernización de su flota, luego de que la misma protagonizara múltiples accidentes de tránsito (leer Paréntesis).
Pese a esos anuncios, el malestar ciudadano se ha mantenido (la satisfacción con el servicio de aseo bajó 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2022), y ahora la entidad se ha articulado a los planes de choque territoriales, prometiendo más inversiones en contenedores y el reforzamiento de sus rutas.
Junto a las vías y el aseo, otros de los ítems que se incluyeron en los planes de choque son la intervención de varias sedes de Metrosalud, otro de los temas críticos que no son nuevos.
En el caso de las sedes de esa entidad, cabe recordar que desde octubre de 2021 entidades como la Personería de Medellín ya habían alertado de problemas como la sobrecarga laboral del personal de salud y los problemas de infraestructura, que también han ocasionado suspensiones por parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.
A esos problemas se suma, entre otros factores, la apretada asignación presupuestal que recibió esa entidad al comienzo del cuatrienio (insuficiente para sus necesidades de infraestructura) y otras decisiones como el polémico nombramiento de la exgerente Martha Cecilia Castrillón, que durante su gestión entre 2020 y 2023 se vio envuelta en choques con los sindicatos y no logró enderezar los balances financieros de la empresa, que en noviembre de 2022 arrojaban un déficit operacional de $35.051 millones.
La nueva promesa en la que pareciera ahora estar abocada la alcaldía es la de ponerse al día con estos y otros líos que vienen cogiendo ventaja durante los últimos tres años. El alcalde, por su parte, sigue aprovechando la ocasión para continuar acaparando los reflectores públicos, en plena antesala de las próximas elecciones regionales.
