El Tribunal Supremo de Justicia, poder controlado por el oficialismo, ordenó este miércoles a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes de la Asamblea Nacional, cuyo presidente, Juan Guaidó, se declaró este miércoles como mandatario interino.
En una declaración, la corte pidió “al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos (...), para que de manera inmediata procesda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”.
Así pues, teniendo en cuenta que el Tribunal considera las recientes decisiones del Parlamento –como la declaración de una ley de amnistía para los militares que desconozcan a Maduro– como un “acto de fuerza que pretende derogar la constitución”, Guaidó y los otros diputados se exponen a ser detenidos.
Lea también: Juan Guaidó se declaró presidente de Venezuela, ¿y ahora qué?
“No sería legal”
Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, “una medida privativa de la libertad no sería constitucional debido al artículo 200 de la Constitución”.
Según ese numeral, “los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.
Además, el artículo 200 señala que el Tribunal Supremo solo podrá ordenar la detención y enjuiciamiento de los legisladores si estas órdenes son aprobadas por la Asamblea.
Lea también: Trump y Almagro reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela
No obstante, desde 2017 el gobierno de Nicolás Maduro eliminó las competencias de la Asamblea Nacional, las cuales son ejercidas de facto por una Asamblea Nacional Constituyente.
Ante este escenario, opina Rafalli, la libertad de Guaidó y de los demás diputados opositores “depende de lo que ocurra con la gente en la calle y lo que la comunidad internacional siga aportándole”.
