No es una novedad, todos lo saben, aunque muchos quieren ignorarlo u ocultarlo, la realidad es que la protección de los Derechos Humanos en Venezuela no trasciende y se queda simplemente en letra muerta por responsabilidad del régimen.
El año pasado asesinaron a 163 personas en el contexto de las protestas sociales, hubo 5.475 detenciones arbitrarias, procesaron a 760 civiles ante la justicia penal militar. Capturaron, ilegalmente, a 214 presos políticos e, incluso, aún hay 118 civiles que permanecen tras las rejas.
Así lo resume Andrés Colmenárez, director de la ONG venezolana, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, solidaridad y Paz (Funpaz), que hoy, en Bogotá, entregará una radiografía de las violaciones a los derechos humanos en ese país durante 2017, “año en el que se consolidó el régimen y la violencia”, según describe Colmenárez. Esta situación, que ha sido una constante en el régimen, se acentuó con la llegada de Nicolás Maduro, tras la muerte de Hugo Chávez.
El informe revalida lo que se sabe, se ve y se siente. Lo dicen los venezolanos, lo saben en el exterior y lo confirman las organizaciones dedicadas a velar por los derechos ciudadanos, aunque se enfrentan a un monstruo que no duda en cercenar a los contrarios.
No hay que ir muy lejos para verificar las arbitrariedades cometidas. “Producto de la opacidad y el silencio gubernamental de los organismos, buscamos denunciar las graves violaciones de los derechos humanos”, se lee en el informe.
Con este panorama, la investigadora de Human Rights Watch (HRW) en Venezuela, Tamara Taraciuk, destaca la represión militar en las protestas, que fueron más severas entre abril y julio pasado.
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