Un nuevo dolor de cabeza tiene que enfrentar el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que las calificadoras de riesgo Fitch, y Standard & Poor’s, calificaran en “default parcial” —o suspensión de pagos— a este país por incumplir parcialmente a sus acreedores. Al mismo tiempo, otra importante califiadora: Moody’s, mantuvo su calificación en Caa3 (riesgo sustancial).
Pero más allá de lo ocurrido, ¿qué consecuencias puede dejar la decisión de dichas calificadoras sobre la política venezolana? El consenso de expertos es que el golpe que tendrá este asunto sobre la economía podría ser gradual, por lo que frente al riesgo político todo depende de la consabida astucia del gobierno para venderse ante su pueblo como víctima de poderes externos.
“Los impagos siempre traen periodos de crisis sobre los gobiernos, sobretodo sabiendo que los pudieron evitar. Yo creo que los efectos políticos no se sentirán inmediatamente, pero en el largo plazo, viendo la respuesta obligatoria que tendrá que tener el régimen para superar el default, es previsible que la gente empiece a sentir ese impacto inevitable y eso se vea plasmado en las elecciones”, consideró Miguel Ángel Román, periodista y conductor del programa Café y Noticias.
Para Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente de la Universidad del Zulia, el régimen aún cuenta con dos herramientas que si bien no le sirven para gobernar mejor el país, le ayudarían a mantener control sobre la población y atajar el descontento.
“En este momento está esgrimiendo el discurso de que el bloqueo comercial y las sanciones económicas no son contra el gobierno sino contra el pueblo, y que la oposición es la principal causante de las mismas, por el lobby internacional iniciado por Julio Borges y otros de sus líderes”, dijo.
Por otra parte, para Castillo Molleda “está el uso de la canasta básica de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), como una forma de intentar mantener en el bolsillo a los venezolanos y disuadirlos para que no voten en contra”.
